El juicio del caso Nóos, que se encuentra en fase de exposición de los informes finales por parte de las defensas, prevé quedar este miércoles visto para sentencia. Y lo hará tras seis meses en los que han comparecido más de 300 testigos y numerosos peritos, además de los propios acusados del presunto desvío de más de seis millones de euros de las Administraciones públicas a través del entramado urdido por Iñaki Urdangarin y Diego Torres en torno al Instituto Nóos.
Los 17 inculpados que se sientan en el banquillo, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina, deberán estar obligatoriamente presentes en esta última sesión para el turno de la última palabra. Pero antes de ello está previsto que intervengan las defensas del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, del abogado Salvador Trinxet y de la exduquesa, después de que el resto de abogados ya hayan expuesto sus informes.
Será al término del trámite de informes cuando la presidenta preguntará a los acusados "si tienen algo que manifestar al tribunal", de acuerdo a lo establecido en el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). "Al que contestare afirmativamente, le será concedida la palabra", señala el precepto.
Según la normativa, "el presidente cuidará de que los procesados al usarla no ofendan la moral ni falten al respeto debido al tribunal ni a las consideraciones correspondientes a todas las personas, y que se ciñan a lo que sea pertinente, retirándoles la palabra en caso necesario". Tras ello, el juicio quedará visto para sentencia.
Hasta seis acusaciones se encuentran personadas en el juicio: la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la de la Comunidad Autónoma balear, el sindicato Manos Limpias y el PSPV del Ayuntamiento de Valencia son las cinco acusaciones que dirigen acciones penales, mientras que la Abogacía de la Generalitat Valenciana únicamente ejercita acciones civiles ante los presuntos perjuicios causados a sus arcas públicas.
La única acusación que ve indicios delictivos contra la Infanta es Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales en que habría incurrido su marido en los años 2007 y 2008.
En concreto, el foco de la vista lo ha centrado el supuesto desvío de 6,2 millones de euros de Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana en distintos eventos organizados por el Instituto Nóos, y cuyo coste fue notablemente inferior a los fondos abonados por las Administraciones.
La vista oral ha generado además una masiva expectación mediática: hasta 590 periodistas, técnicos y gráficos así como 84 medios de comunicación de ámbito nacional e internacional han llegado a acreditarse para dar cobertura al macrojuicio, que se celebra en la sede de la Escuela Balear de Administración Pública (Ebap), ubicada en el Polígono Son Rossinyol de Palma.
