"Cumplimentados todos los trámites legales previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, declaro concluso el juicio y visto para sentencia". Así ha puesto fin la magistrada Samantha Romero al juicio que durante más de seis meses ha puesto la lupa sobre el presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, y que por primera vez ha sentado en el banquillo a un miembro de la Familia Real, la Infanta Cristina, bajo una petición de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
A las 12.59 horas, la presidenta del tribunal ha dado por concluida la vista oral, inmediatamente después de que ninguno de los acusados haya hecho uso del derecho a la última palabra. "Nada que decir", ha dicho, en su caso, la Infanta Cristina.
Desde que el pasado 11 de enero arrancase el juicio, además de los 17 acusados de la causa han comparecido más de 300 testigos y numerosos peritos cuyo interrogatorio ha ido dirigido a esclarecer el supuesto desvío de 6,2 millones de euros de Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana a través de los distintos eventos organizados por el Instituto Nóos, y cuyo coste fue notablemente inferior a los fondos abonados por las Administraciones.
Hasta seis acusaciones han estado personadas en el juicio: la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la de la Comunidad Autónoma balear, el sindicato Manos Limpias y el PSPV del Ayuntamiento de Valencia son las cinco acusaciones que dirigen acciones penales, mientras que la Abogacía de la Generalitat Valenciana únicamente ha ejercitado acciones civiles ante los presuntos perjuicios causados a sus arcas públicas.
La única acusación que ve indicios delictivos contra la Infanta es Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales en que habría incurrido su marido en los años 2007 y 2008.
La vista oral ha generado además una masiva expectación mediática: hasta 590 periodistas, técnicos y gráficos así como 84 medios de comunicación de ámbito nacional e internacional han llegado a acreditarse para dar cobertura al macrojuicio, que se celebra en la sede de la Escuela Balear de Administración Pública (Ebap), ubicada en el Polígono Son Rossinyol de Palma.
