El jurado popular encargado de juzgar esta semana a una funcionaria del municipio mallorquín de Artà acusada de apropiarse, entre 2007 y 2011, de hasta 65.080 euros de las multas que imponía el Ayuntamiento en materia urbanística -cantidad que el propio Consistorio rebajaba a unos 33.000-, ha declarado no culpable a la encausada al considerar que no ha quedado probado que se quedara con los fondos. La Fiscalía reclamaba para ella seis años de cárcel.
El jurado ha atendido así a los argumentos esgrimidos por la defensa de la acusada, ejercida por el abogado Jaime Campaner, que solicitaba la libre absolución de su patrocinada al alegar que no cometió delito alguno y aseverar que si se cometió, ella no es la autora. "Las cosas son las que son, no las que queramos que sean, y verdad sólo hay una", llegó a manifestar el letrado durante la vista oral.
Durante la lectura del veredicto, el jurado ha señalado que no ha quedado probado que las cantidades que no fueron ingresadas en el Ayuntamiento se las quedara la funcionaria, momento en el que ésta ha roto a llorar, abrazándose a su letrado.
De hecho, los miembros del jurado han determinado que era tal el "descontrol" que había en el Consistorio que en el caso de los sobres con dinero localizados en un archivador en la mesa de la acusada, no ha quedado demostrado que los pusiera ella para quedarse con los fondos. "No podemos asegurar la culpabilidad de la acusada", ha sentenciado.
Ya en su declaración durante el juicio, que concluyó este miércoles, la encausada aseguró tajante que no se quedó "con ninguna cantidad": "Para mí estaba todo bien, pero lo que se ve algo falta. Tenía muchísimo trabajo y a lo mejor no presté la atención que debía". No obstante, ha incidido entre lágrimas en que no se apropió de ningún importe.
La funcionaria, auxiliar administrativa, era la encargada de tramitar los expedientes de infracción urbanística y entre sus funciones se encontraba la de cobrar los importes de las multas impuestas. Tras ello, la acusada debía ingresar el dinero en el banco, en la cuenta corriente del Consistorio.
La inculpada manifestó que "trabajaba a salto de mata" y que a veces llevaba "un volumen tan grande de trabajo que guardaba el dinero en el cajón" y ordenaba a un compañero que "lo ingresara". En esta línea, insistió en que, entre otros numerosos asuntos, se encargaba de los contenciosos del Ayuntamiento, la agenda de los técnicos y de estar pendiente de las ordenanzas municipales.
En cuanto a la dinámica del cobro de las sanciones, explicó que se le ofrecía al interesado ingresar el dinero al banco o pagar en metálico. Una vez ella recibía el importe, lo llevaba al área de intervención, si bien desde el año 2007 comenzó a ingresarlo directamente en el banco.
