La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará desde este martes a tres ex altos cargos del Consell de Mallorca y empresarios vinculados a Unió Mallorquina por el presunto amaño de un contrato para elaborar vídeos de promoción turística por un importe de 21.900 euros, hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción pide penas que suman 22 años de cárcel.
En concreto, se sentarán en el banquillo el empresario Gabriel Ribas Martorell; el empresario Juan Carlos Escuer; la que fue secretaria técnica del Departamento de Economía y Turismo del Consell de Mallorca, Maria Isabel Monjo Bordoy; la funcionaria del Departamento de Economía y Turismo, Maria Antònia Escanellas; y la que fue directora insular de Turismo, Melchora Gómez Andrés.
Según el escrito de la Fiscalía, el contrato, que fue adjudicado mediante concurso abierto a Inmogroup 2010 SL, tenía como objetivo "distraer dinero público insular" y beneficiar a los empresarios.
El contrato tenía por objeto elaborar contenidos informativos multiidioma en el aeropuerto de Palma, así como la instalación de los mismos.
Sin embargo, las tres empresas invitadas pertenecían a los mismos empresarios y compartían domicilios, teléfonos y trabajadores.
La acusación pública apunta que la empresa ganadora incumplió el contrato, que califica de innecesario, porque sólo aportó siete de los 13 vídeos de su oferta y éstos eran mucho más cortos de lo que había prometido. Además, algunas partes estaban repetidas y ni siquiera fueron de producción propia, sino que procedían de un portal online.
A pesar de este incumplimiento, el Consell de Mallorca abonó el servicio.
Por estos hechos, Isabel Monjo se enfrenta a una pena de ocho años de prisión, mientras que Maria Antònia Escanellas y Melchora Gómez se enfrentan a una pena de cinco años cada una. Para todas ellas el fiscal pide una inhabilitación especial para empleo y cargo público por tiempo de ocho años.
Para los dos empresarios titulares de Infocom, Inmogroup y Minser, el fiscal aprecia la circunstancia atenuante de confesión y solicita la imposición de dos años de prisión cada uno y una inhabilitación para empleo público por tres años. Precisamente, este marzo ambos aceptaron una condena de siete meses de cárcel y una multa de más de 2.000 euros por el desvío de 60.000 euros públicos hacia Unió Mallorquina a través de las mismas empresas.
Finalmente, el Ministerio Fiscal pide que los acusados indemnicen conjuntamente al Consell con los 21.900 euros indebidamente sustraídos.
