El Consell de Mallorca ha reconocido que se enfrenta a "flecos jurídicos" que le impiden actuar con "contundencia" contra el alquiler turístico ilegal y empezar a aplicar los cierres cautelares anunciados por el Govern. El departamento de turismo ha detectado cerca de 6.200 anuncios de viviendas vacacionales sin licencia que equivalen a más de 30.000 plazas turísticas ilegales desde el cambio de legislatura.
La administración insular ha iniciado conversaciones con las principales plataformas comercializadoras, como Airbnb o Booking, para que eliminen estos anuncios de sus portales, aunque no les puede obligar a retirarlos, por lo que apela a su responsabilidad social.
Tal y como ha dado a conocer el conseller insular de turismo, Marcial Rodríguez, esta medida forma parte de los cuatro ejes que el Consell de Mallorca ha puesto en marcha en un plan de acción contra la oferta ilegal y que contempla dotar de más herramientas para los inspectores y detectar irregularidades urbanísticas de la mano de los ayuntamientos además de posibles impagos del impuesto de estancias turísticas. Aunque, para ello, se deberá buscar un marco normativo que respete la Ley de Protección de Datos para cruzar los datos del pago de la llamada ecotasa con la Agencia Tributaria.
En lo que llevamos de año, los inspectores de la institución insular han levantado poco más de 300 actas, la mayoría de las cuales por ofertar viviendas vacacionales en pisos. El grueso de las viviendas turísticas ilegales que se han detectado se encuentran en Palma, además de otros municipios como Calvià, Alcúdia o Pollença.
