María Antonia Munar llega a otro pacto y reconoce prevaricación
Munar culmina su periplo judicial con otra condena por prevaricación sin sumar más penas de cárcel. Así la expresidenta del Parlament balear, del consell de Mallorca y líder de la extinta Unió Mallorquina podría obtener su primer permiso por Navidad para salir de la cárcel.
La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, ha admitido este lunes que prevaricó en favor de la empresa Studio Media y se ha conformado con una condena de 7 años de inhabilitación, con lo que pone fin a una trayectoria judicial que comenzó con su primera imputación hace 8 años.
Munar ha acudido en la mañana de este lunes por última vez a la Audiencia de Palma, conducida desde la cárcel en la que cumple condena desde el verano de 2013, para asistir a una vista previa por el llamado caso Studio Media, donde su defensa ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que no sumará más tiempo de prisión.
El acuerdo por el caso Studio Media abarca también a los demás acusados: el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, los exconsellers de Hacienda Miquel Àngel Flaquer y de Territorio Bartomeu Vicens y los que fueran secretario técnico de Vicepresidencia, Antoni Moragues, y coordinador de servicios de la institución, Miguel Àngel Grimalt, así como los empresarios Alfredo Conde y Elizabet Diéguez.
En virtud del acuerdo, ante la retirada de la acusación contra Grimalt, Moragues y Diéguez, la presidenta del tribunal, la magistrada Samantha Romero, ha dictado sentencia absolutoria para los tres en la vista previa.
En cuanto a Munar, Nadal y Flaquer, han sido condenados a 7 años de inhabilitación cada uno, como autores y cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación administrativa, con la atenuante de dilaciones extraordinarias indebidas.
"Sí señora", ha admitido Munar ante el tribunal -el mismo que juzgó el caso Nóos- en respuesta a si estaba conforme con el acuerdo y la pena solicitada para ella.
Conde y Vicens, inductores del mismo delito, han sido condenados a 4 años de inhabilitación, con atenuantes de dilaciones y colaboración.
La sentencia se ha leído durante la propia vista previa, por lo que la condena se ha declarado firme, algo más de 9 años después de que empezaran a investigarse los hechos, en octubre de 2008.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los altos cargos del Consell se concertaron con el matrimonio de empresarios para beneficiar de manera arbitraria con fondos públicos a partir del año 2000 y por más de 3.000.000 euros mediante cinco contratos distintos a Studio Media Comunicación, una sociedad próxima a miembros destacados de la extinta Unió Mallorquina (UM).
"Toda la irregular contratación de Studio Media con el Consell de Mallorca, que no debió haberse producido desde un principio, no puede ser entendida, ni pudo producirse sin la connivencia y activa participación de los acusados", afirma el escrito definitivo de acusación de la Fiscalía.
Al aceptar la conformidad, Munar ha admitido que toleró y consintió las irregularidades y permitió la adjudicación.
Con el acuerdo de este lunes y otro alcanzado a finales de noviembre por el llamado caso Son Oms, ha culminado la trayectoria judicial de la líder de UM, que en total ha sido condenada a 14 años de prisión, en cinco casos distintos.
La expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear fue condenada a 5 años y medio de cárcel por el caso Maquillaje y a 6 más por la recalificación de Can Domenge. A esas penas sumó otra de 2 años y 6 meses tras ser condenada por un jurado popular por el soborno en la adjudicación de los citados terrenos de Can Domenge, en un juicio en el que pidió públicamente perdón.
La antigua líder de UM no ha disfrutado de permisos fuera de la cárcel desde que ingresó en el centro penitenciario de Palma en el verano de 2013, una situación que podría cambiar tras los últimos acuerdos, dado que la expresidenta mallorquina deja de tener causas pendientes con la Justicia.
Con la vista de ayer finalizan también los procesos abiertos por la Fiscalía Anticorrupción contra la cúpula de la extinta UM.