Tribunales

Maria Antònia Munar obtiene el tercer grado

La Fiscalía se había pronunciado a favor de la progresión al tercer grado de Munar gracias a que se alcanzó un acuerdo por el que la también expresidenta del Parlament se comprometía a pagar más de medio millón de euros.

Europa Press

Islas Baleares |

La expresidenta de Consell de Mallorca, Maria Antonia Munar, a su llegada a los juzgados | EFE

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha concedido este miércoles el tercer grado penitenciario a la expresidenta del Consell de Mallorca con Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, condenada por corrupción.

La Fiscalía se había pronunciado a favor de la progresión al tercer grado de Munar gracias a que se alcanzó un acuerdo por el que la también expresidenta del Parlament se comprometía a pagar más de medio millón de euros.

La Fiscalía señalaba también que Munar ya ha cumplido más de siete años de prisión -la mitad de las condenas que pesan sobre ella- y que ha disfrutado de permisos sin incidencias.

La representación de Munar apoyó la petición para que la expresidenta pase al régimen de semilibertad señalando que cuenta con apoyo familiar, está pagando las indemnizaciones que le corresponden y está participando en actividades dentro del centro penitenciario.

Entre otros factores, la Audiencia ha tenido en cuenta que ya ha satisfecho aproximadamente un 19 por ciento de las responsabilidades civiles (que alcanzan 5,1 millones de euros) y que Munar está a la espera de la ejecución de bienes embargados.

También ha tenido en cuenta la edad de Munar y el hecho de que no ostenta ya ningún cargo público -por lo que entiende que sería "muy difícil" una reiteración delictiva-, así como que en algunos de los procedimientos por los que está en prisión reconoció los hechos.

Munar fue condenada en 2012 a cinco años y medio de cárcel por los delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial, en el marco del 'caso Maquillaje', que investigaba un desvío de 240.000 euros públicos. Posteriormente fue condenada a seis años por la recalificación de Can Domenge, y más tarde a dos años y medio por un soborno relacionado con aquellos terrenos.