La Guardia Civil de Mallorca y la Conselleria de Salud han inmovilizado un total de 22 palés de comida con la fecha de consumo preferente o de caducidad pasada, procedentes de un hotel y una distribuidora de ultracongelados, y han precintado una empresa cárnica que tenía la cámara frigorífica averiada.
Estas actuaciones se han llevado a cabo en la denominada 'Operación Quick-Frozen', destinada a controlar la comercialización de productos con la fecha de consumo preferente expirada, según ha explicado la Benemérita.
La intervención se ha producido a raíz de una investigación policial con la que se tuvo conocimiento que, en diferentes establecimientos alimentarios de la isla de Mallorca, se comercializaban productos con una fecha de consumo preferente rebasada.
Por ello, la semana pasada se realizaron cinco inspecciones conjuntas en varios establecimientos relacionados con la industria alimentaria -producción, distribución y venta-, en hoteles y establecimientos hosteleros.
La primera inspección tuvo lugar en las instalaciones de una empresa encargada del almacenamiento frigorífico y distribución de alimentos ultracongelados, donde se inmovilizaron y precintaron más de 14 palés de productos con una fecha de consumo preferente y de caducidad se encontraba rebasada.
Además, carecían de la documentación necesaria de la trazabilidad de estos productos, por lo que se ordenó la suspensión de la actividad de distribución.
La segunda inspección fue realizada en un establecimiento hotelero donde se hallaron, inmovilizaron y precintaron ocho palés de productos con fecha de consumo preferente expirada.
Una última inspección tuvo lugar en un establecimiento dedicado al despiece, envasado y almacenamiento frigorífico de productos cárnicos frescos. Allí se pudo constatar que la cámara frigorífica se estaba rota y no funcionaba desde hacía meses, por lo que se utilizaba un tráiler en plataforma frigorífica de congelación para este fin, por lo que se procedió a su precintado.
Por estos motivos, los propietarios de varios comercios y establecimientos alimentarios, fueron propuestos para sanciones de acuerdo con la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en la que se establecen sanciones de hasta 20.000 euros.
