Munar admite prevaricación y blanqueo en Son Oms y pagará 68.500 euros en multas, pero evita la cárcel

La defensa de la ex presidenta del Parlament balear y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar ha alcanzado este miércoles un acuerdo con la Fiscalía en el caso son Oms y pagará multas que suman 68.500 euros, pero no será condenada a penas de prisión.

Así ha quedado ratificado en la vista previa celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Baleares. En virtud de este pacto, Munar admite ser culpable de los delitos de prevaricación y blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción reclamaba para la ex dirigente de UM seis años de cárcel por presuntamente cobrar más de 400.000 euros en comisiones por auspiciar la recalificación del polígono palmesano de Son Oms y favorecer el incremento de la edificabilidad en la zona.

En el acuerdo se ha retirado la acusación por tráfico de influencias al considerar que los hechos ya estaban recogidos en el delito de prevaricación. Además, para la pena por el delito de blanqueo se ha tenido en cuenta el valor que tenían los terrenos en 1998. Asimismo, se ha apreciado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

En cuanto a la multa, por el delito de blanqueo de capitales se impone una pena de tres meses de prisión que se sustituye por una multa de 9.000 euros, otra multa derivada del mismo delito de 42.500 euros más un comiso de 17.000 euros correspondientes a una quinta parte del dinero blanqueado: en total, Munar pagará 68.500 euros.

Al mismo tiempo, por el delito de blanqueo se impone a Munar una inhabilitación especial para gestionar sociedades mercantiles durante dos años, y el de prevaricación lleva consigo otra inhabilitación especial para empleo público por cuatro años.

En cuanto al otro investigado, Bartomeu Vicens, no se le imponen penas al haber sido condenado anteriormente por estos hechos. También estuvo investigado otro ex presidente del Parlament, Maximiliano Morales, ya fallecido.

Según consta en el escrito de conformidad firmado por Munar, la ex dirigente de UM, junto con otras personas, exigió a los propietarios de la zona de Son Oms cesiones gratuitas del 15 por ciento de los inmuebles a cambio de la recalificación de terrenos, disfrazando esta operación mediante la simulación de compraventas en beneficio de una sociedad.

Se escrituraron compras por un valor de 85.000 euros, pero en realidad no se pagó nada y los terrenos fueron cedidos gratuitamente como pago por las influencias políticas que habían permitido la recalificación.

Según ha reconocido Munar, ella y Vicens, junto a otros miembros del gobierno insular como Miquel Nadal --ya juzgado por estos hechos-- fueron quienes consiguieron que se aprobase la propuesta de recalificación para elevarla al pleno y eliminar la eliminación del límite de edificabilidad. Aparte de Munar y Nadal, no consta que el resto de los que votaron a favor de esta decisión tuvieran conocimiento del beneficio ilícito.

De este modo, la edificabilidad total del Plan Parcial de Son Oms, que era para uso industrial y de 380.206 metros cuadrados, pasó a ser de 797.190 metros cuadrados, un incremento superior a duplicar la edificabilidad del polígono. Al mismo tiempo, la prescripción del Plan General de Ordenación Urbana de Palma aprobada supuso ampliar los usos permitiendo usos administrativos y comerciales y la posibilidad de edificios destinados enteramente a usos no industriales --por ejemplo, oficinas--.

También se suprimían parámetros para la construcción de aparcamientos y se incrementaba notablemente la posibilidades de su construcción.

Tras esta modificación, el valor de los solares de la sociedad constituida para la trama se incrementó en enorme medida. Después, se distribuyeron los beneficios obtenidos a los partícipes ocultos. El abogado que controlaba la sociedad, Jaime Montis (también fallecido) entregó el dinero --más de 480.000 euros-- a Bartolomé Vicens para que se lo hiciera llegar a Maria Antònia Munar.

La trama comenzó a gestarse en 1998 y la causa se inició diez años después a raíz de una querella del Ministerio Fiscal.