La expresidenta del Parlament Maria Antònia Munar ha confesado haber cobrado parte del soborno de cuatro millones de euros que junto a otros dos exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM) habría recibido de la promotora Sacresa a cambio de ser adjudicados a esta empresa los terrenos palmesanos de Can Domenge.
Así lo ha dado a conocer su abogado, José Antonio Choclán, al inicio del juicio que por estos hechos se celebra desde este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares. La acusada ha ingresado además un total de 150.000 euros y la Fiscalía Anticorrupción pide así que se le aplique, además de la atenuante de confesión, la de reparación parcial del daño. También reclama que se tenga en cuenta la de dilaciones indebidas.
La exdirigente histórica de UM era la única de los cinco acusados de esta causa que, hasta el momento, no había reconocido los hechos, motivo por el que la Fiscalía Anticorrupción y el Consell de Mallorca, personado como acusación particular, reclamaban inicialmente cuatro años de cárcel y siete millones de euros de multa para la acusada por un delito de cohecho pasivo.
Las acusaciones también se dirigen contra el exvicepresidente insular Miquel Nadal -para quien la Fiscalía reclama un año y diez meses de cárcel y una multa de tres millones de euros-; el exconseller de Territorio Bartolomé Vicens -un año y medio de prisión y una multa de dos millones-; el supuesto intermediario que entregó la dádiva, Miquel Llinàs -pago de 8.100 euros en multas-, y el propietario de Sacresa, Román Sanahúja -63.750 euros en multas-.
Del mismo modo, el fiscal Juan Carrau reclama que se proceda al comiso de los 3,8 millones de euros que Munar, Nadal y Vicens habrían obtenido con su conducta delictiva -los otros 160.000 euros ya fueron devueltos por Vicens y 35.000 por Llinàs-.
La expresidenta de la extinta UM -la formación se disolvió en febrero de 2011 acuciada por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas- solicitaba inicialmente su libre absolución al negar haber cobrado soborno alguno como condición para adjudicar los terrenos, un supuesto pago del que aseguraba que fue "completamente ajena".
Tal y como han confesado todos los acusados, Munar, Nadal y Vicens se pusieron de acuerdo entre sí y, "aprovechando su situación de poder" al frente de la Institución supramunicipal, exigieron a Sacresa la entrega de cuatro millones de euros para que esta promotora pudiera tener garantizada la adjudicación del concurso.
