La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar volverá este lunes a sentarse en el banquillo de los acusados, en esta ocasión para rubricar su primer acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y admitir que auspició, junto a otros líderes de Unió Mallorquina (UM), el desvío de 200.000 euros públicos mediante la contratación, con fondos de la Institución insular, de trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores particulares y buscar votos a favor del partido.
En concreto, Munar y otros 17 procesados -si bien a siete de ellos les será retirada la acusación- deberán comparecer a partir de las 9.45 horas ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, en el marco de la pieza 13 del conocido como caso Voltor.
Junto a la exdirigente histórica de la extinta UM también prevén declararse culpables el exvicepresidente de la formación Miquel Nadal, el exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils y el exconseller insular de Hacienda Miquel Àngel Flaquer.
Todos ellos serán condenados a nueve meses de prisión por delitos de malversación y prevaricación, que en el caso de Munar -que inicialmente se enfrentaba a ocho años de cárcel- serán sustituidos por una multa total de 10.800 euros, en el de Nadal y Flaquer, por 6.480, y en el de Buils, por 5.400, según informaron fuentes de la causa a Europa Press.
Mientras tanto, les serán retirados los de asociación ilícita -la Fiscalía achaca a UM el carácter de "organización criminal- y tráfico de influencias.
Se trata de la primera vez que Munar, en prisión desde el 24 de julio de 2013 con dos condenas que suman 11 años y medio de cárcel, da un paso firme de cara al reconocimiento de las irregularidades que auspició.
DEVOLUCIÓN DE LOS 200.000 EUROS, YA EFECTUADA
Los procesados se muestran conformes con que la cantidad malversada fue de 200.000 euros -frente a los 430.000 a los que alude Anticorrupción en su escrito de acusación provisional-, cantidad que ya han consignado a fin de que les sea aplicada una atenuante de reparación del daño. De esta cifra, Munar abonó el pasado viernes 36.500 euros.
Junto a los anteriores exdirigentes de UM también se encuentran acusados el exdirector general de Relaciones Institucionales Josep Lliteres, la exsecretaria personal de Nadal Antònia Vidal, la exjefa insular de Emergencias María José Rodríguez, las exsecretarias técnicas técnicas Esperanza Massanet, Coloma Castañer y Eugenia Cañellas, y el exgerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) Eugenio Losada. Estos dos últimos reconocieron en su día los hechos, por lo aceptarán una pena inferior de 4.620 y 3.780 euros, respectivamente.
De hecho, durante la instrucción de la causa, el exgerente del Cilma aportó a la jueza instructora un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores 'fantasma' colocados a instancias de los exaltos cargos de UM. Tras ello, la magistrada Carmen Abrines interrogó a varios de los trabajadores a petición del fiscal Miguel Ángel Subirán.
TRABAJADORES "PRIVADOS DE UM"
De acuerdo al pacto alcanzado con la Fiscalía, los acusados admiten cómo los militantes 'uemitas', pese a estar a sueldo del Cilma, dependiente del Consell, no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían dedicado a trabajar para el partido, sufragando de este modo la Institución insular "a trabajadores privados de UM".
Para ello, Munar, Nadal, Buils y Flaquer se concertaron con los demás acusados con el objetivo de beneficiar a UM camuflando la contratación de los agentes electorales en los proyectos públicos que se gestionaban en el Cilma. Los militantes se incorporaban así a los mismos, si bien se dedicaban, en ocasiones parcialmente y otras de manera casi exclusiva, a la captación de votos y a tareas de "proselitismo y difusión" del programa del partido de cara a las elecciones autonómicas de 2007.
Los proyectos era, en concreto, los de Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para la colocación de los empleados.
En total, según la documentación que fue entregada por Losada -también acusado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.
MUNAR ASEGURÓ NO TENER "NADA QUE VER" CON LAS CONTRATACIONES
Se da la circunstancia de que, en la declaración voluntaria que Munar prestó ante la jueza, aseguró no tener "nada que ver" con la contratación de empleados por parte del Cilma. Mientras, tanto Nadal como su secretaria personal y la de Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la magistrada cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados.
La Fiscalía reclama en otra causa cuatro años de cárcel y siete millones de euros de multa para la expresidenta de UM, acusada de un delito de cohecho pasivo por el soborno de cuatro millones de euros que, junto a Nadal y el exconseller de Territorio Bartolomé Vicens, habría recibido de la promotora Sacresa a cambio de adjudicarle los terrenos palmesanos de Can Domenge. El juicio por estos hechos está pendiente de fecha.
Munar fue condenada a seis años de cárcel por las irregularidades en la adjudicación de los terrenos -el pago del soborno será enjuiciado aparte-, así como a cinco años y medio por desviar 240.000 euros públicos del Consell a favor de la productora Vídeo U, empresa que controlaba junto a Nadal, a través de testaferros, cuando ambos eran los máximos responsables de la Institución insular.
OTRAS CAUSAS
Cabe recordar que otras causas, como Picnic, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.
También otros procedimientos indagan la supuesta captación de votos por parte del partido y la posterior contratación irregular de distintas personas, principalmente pertenecientes a colectivos sudamericanos, en organismos públicos y empresas privadas por haber votado a la formación, disuelta en febrero de 2011 a raíz de las numerosas causas de presunta corrupción que pesaban a sus espaldas.
DISOLUCIÓN DE UM
Cabe recordar que el estallido del caso Voltor, en febrero de 2010, llevó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos de UM de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con la formación 'uemita' en 2007.
Un año después, en febrero de 2011, el partido regionalista se disolvió acuciado por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas.
