El tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará, entre este lunes y el miércoles, a la expresidenta del Parlament Maria Antònia Munar y a otros dos exaltos cargos públicos de Unió Mallorquina (UM) por el presunto soborno de cuatro millones de euros que habrían recibido de la promotora Sacresa a cambio de ser adjudicados a esta empresa los terrenos palmesanos de Can Domenge.
En el marco de esta causa, la Fiscalía Anticorrupción y el Consell de Mallorca, personado como acusación particular, reclaman cuatro años de cárcel y siete millones de euros de multa para Munar, acusada de un delito de cohecho pasivo. La exdirigente histórica de UM, quien se encuentra actualmente en prisión por dos condenas que suman once años y medio de prisión, es la única de los acusados que no ha admitido su intervención en los hechos.
Las acusaciones también se dirigen contra el exvicepresidente insular Miquel Nadal -para quien la Fiscalía reclama un año y diez meses de cárcel y una multa de tres millones de euros-; el exconseller de Territorio Bartolomé Vicens -un año y medio de prisión y una multa de dos millones-; el supuesto intermediario que entregó la dádiva, Miquel Llinàs -pago de 8.100 euros en multas-, y el propietario de Sacresa, Román Sanahúja -63.750 euros en multas-.
Del mismo modo, el fiscal Juan Carrau reclama que se proceda al comiso de los 3,8 millones de euros que Munar, Nadal y Vicens habrían obtenido con su conducta delictiva -los otros 160.000 euros ya fueron devueltos por Vicens y 35.000 por Llinàs-.
Por su parte, el Consell pide penas más elevadas que el Ministerio Público en relación con Nadal y Sanahúja: para el exvicepresidente solicita dos años de cárcel y para el empresario, un año y cinco meses.
Sobre todos ellos la Fiscalía reclama además que se les aplique la atenuante de confesión, además de las de reparación del daño y colaboración de la justicia, excepto en el caso de Munar.
La expresidenta de la extinta UM -la formación se disolvió en febrero de 2011 acuciada por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas- solicita su libre absolución al negar haber cobrado soborno alguno como condición para adjudicar los terrenos, un supuesto pago del que asegura que fue "completamente ajena". Según su abogado, la acusada "ignoraba" que Nadal y Vicens exigieran dádiva alguna a Sacresa.
No lo sostiene así la Fiscalía. En su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público subraya cómo Munar, Nadal y Vicens se pusieron de acuerdo entre sí y, "aprovechando su situación de poder" al frente de la Institución supramunicipal, exigieron a Sacresa la entrega de cuatro millones de euros para que esta promotora pudiera tener garantizada la adjudicación del concurso.
