La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar está a punto de cerrar su primer acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, en virtud del cual admite que intervino, junto a otros líderes de la extinta Unió Mallorquina (UM), en el desvío de 200.000 euros públicos mediante la contratación, con fondos de la Institución insular, de trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores particulares y buscar votos a favor del partido.
Así lo han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que han precisado que la excúpula de UM ha ultimado este miércoles un pacto que conllevará una rebaja sustancial en las peticiones de pena a las que se enfrentan por estos hechos tanto Munar como otros exdirigentes 'uemitas'.
Se trata de la primera vez que la dirigente histórica de UM, en prisión desde el 24 de julio de 2013 con dos condenas que suman 11 años y medio de cárcel, da un paso firme de cara al reconocimiento de las presuntas irregularidades que habría auspiciado.
En concreto, esta confesión permitirá reducir, al igual que en el caso de los demás exaltos cargos del partido dispuestos a pactar, la solicitud de ocho años de cárcel que pesa sobre ella a unos nueve meses de prisión, que serían sustituidos por una multa de 18 meses cuya cuota está pendiente de determinar.
Y ello al serle retirados, del mismo modo que a los demás inculpados, los delitos de asociación ilícita (la Fiscalía achaca a UM el carácter de "organización criminal"), prevaricación y tráfico de influencias que pesan sobre ellos, manteniendo en pie el de malversación.
Del mismo modo, los procesados se muestran conformes con que la cantidad presuntamente malversada fue de 200.000 euros -frente a los 430.000 a los que alude Anticorrupción en su escrito de acusación provisional-, cantidad que están dispuestos a devolver a fin de que les sea aplicada una atenuante de reparación del daño. De la esta cifra, a Munar le correspondería abonar unos 40.000 euros.
Los hechos se enmarcan en la pieza separada número 13 del conocido como caso Voltor, cuyo juicio arrancará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Baleares y en el que hay un total de 18 acusados. Junto a Munar también prevén declararse culpables, asumiendo las mismas penas, el exvicepresidente de UM Miquel Nadal, el exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils y el exconseller de Hacienda Miquel Àngel Flaquer.
Junto a los anteriores exdirigentes de UM también se encuentran acusados la exportavoz de la formación regionalista Catalina Julve, el exdirector general de Relaciones Institucionales Josep Lliteres, la exsecretaria técnica de Nadal, Eugenia Cañellas, y el exgerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) Eugenio Losada. Estos dos últimos reconocieron en su día los hechos, por los que se enfrentarán a una pena inferior.
De hecho, durante la instrucción de la causa, el exgerente del Cilma aportó a la jueza instructora un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores 'fantasma' colocados a instancias de los exaltos cargos de UM. Tras ello, la magistrada Carmen Abrines interrogó a varios de los trabajadores a petición del fiscal Miguel Ángel Subirán.
TRABAJADORES "PRIVADOS DE UM"
De acuerdo al pacto alcanzado con la Fiscalía, los acusados admiten cómo los militantes 'uemitas', pese a estar a sueldo del Cilma, dependiente del Consell, no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían dedicado a trabajar para el partido, sufragando de este modo la Institución insular "a trabajadores privados de UM".
Es más, exaltos cargos insulares como Nadal favorecieron la contratación irregular de estos empleados con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.
El Ministerio Público sostiene que Munar ocupaba la posición de "líder o jefa-directora" de una estructura jerárquica "perfectamente organizada" para desviar fondos, estableciendo "las líneas maestras del funcionamiento de dicho grupo delictivo e impartiendo las correspondientes instrucciones a sus subordinados".
En total, según la documentación que fue entregada por Losada -también acusado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.
MUNAR ASEGURÓ NO TENER "NADA QUE VER" CON LAS CONTRATACIONES
Se da la circunstancia de que, en la declaración voluntaria que Munar prestó ante la jueza, aseguró no tener "nada que ver" con la contratación de empleados por parte del Cilma. Mientras, tanto Nadal como su secretaria personal y la de Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la magistrada cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados.
La Fiscalía reclama en otra causa cuatro años de cárcel y siete millones de euros de multa para la expresidenta de UM, acusada de un delito de cohecho pasivo por el soborno de cuatro millones de euros que, junto a Nadal y el exconseller de Territorio Bartolomé Vicens, habría recibido de la promotora Sacresa a cambio de adjudicarle los terrenos palmesanos de Can Domenge. El juicio por estos hechos está pendiente de fecha.
Otras causas, como Picnic, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.
También otros procedimientos indagan la supuesta captación de votos por parte del partido y la posterior contratación irregular de distintas personas, principalmente pertenecientes a colectivos sudamericanos, en organismos públicos y empresas privadas por haber votado a la formación, disuelta en febrero de 2011 a raíz de las numerosas causas de presunta corrupción que pesaban a sus espaldas.
DISOLUCIÓN DE UM
Cabe recordar que el estallido del caso Voltor, en febrero de 2010, llevó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos de UM de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con la formación 'uemita' en 2007.
Un año después, en febrero de 2011, el partido regionalista se disolvió acuciado por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas.
