Hoy les hablamos de lo que, durante algunos años en Baleares, se convirtió en el “negocio de las VPO-s,” según ciudadanos anónimos que nos hacen llegar sus denuncias. Existe especulación y estafa por parte de algunos propietarios de vivienda protegida que intentan venderla o alquilarla, ocultando su régimen, o a precios que superan los límites legales.
Es una situación que confirma el Govern balear porque "se dan casos" y se trata de una auténtica "lacra social", según confirma en Onda Cero Mallorca el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynès. El responsable del área que dirige la consellera de Vivienda, Marta Vidal, en el Govern del PP presidido de Marga Prohens ahora intenta hacer una radiografía del uso de la vivienda social en Baleares.
Por ello, el actual Govern balear del PP promete más inspecciones. Es lo que avanza en una entrevista concedida al programa Más de uno Mallorca el director general de Vivienda, José Francisco Reynès, aunque para muchos es un secreto a voces que se intenta encubrir para no herir sensibilidades ni desvirtuar la inversión pública en vivienda social.
"Se reforzará la inspección con medios humanos y técnicos, también a través de las nuevas tecnologías," confirma Reynès, porque "es una prioridad" para el Govern perseguir la estafa. Por ello, el director general de Vivienda también anima a los ciudadanos a denunciar situaciones de abuso o estafa a través de la conselleria de Vivienda o la propia página web del Institut Balear de la Vivienda IBAVI.
En estos momento, hay unas 8.000 personas que abultan las listas de espera en el IBAVI para una Vivienda de Protección Oficial en régimen de alquiler o de compra. Las construidas antes de 1978 cambian de régimen a los 50 años y a partir de esa fecha, hasta la aprobación de la ley autonómica de la vivienda en 2018, mantiene su régimen indefinidamente, aunque puedan cambiar de manos, "siempre y cuando se cumplan los requisitos".
Las viviendas sociales construidas antes del 2018 pueden venderse o alquilarse dentro de unos límites, ya que la ley autonómica a partir de ese año mantiene siempre su régimen. Por ello, muchas construcciones a partir del año ’78 resultan golosas para algunos propietarios e incluso agencias inmobiliarias.
El Govern balear espera incentivar la vivienda pública y se compromete que "habrá más que el año pasado", aunque su intención es poner en el mercado más opciones "asequibles" a través del decreto de emergencia habitacional aprobado el 29 de octubre que tendrá efectos en la práctica "a partir de los seis meses" desde su aplicación, según Reynès.
