Ocho de los trece acusados de corrupción durante las obras de la carretera de Manacor en 2005 y 2006, en el marco del llamado Caso Peaje, han reconocido este lunes ante la jueza los delitos de cohecho y fraude a la administración pública, y por ello han aceptado penas de entre uno y dos años de prisión. Unos diecisiete años después de que comenzara la instrucción, el edificio de sa Gerreria de Palma ha acogido el juicio contra la excúpula de Carreteras acusada desviar dinero público a obras privadas facturadas como si fueran parte de las obras de ampliación de la carretera de Manacor, cuando en el Consell de Mallorca gobernaba el PP y Unió Mallorquina (UM).
Al inicio de esta primera sesión del juicio, el fiscal anticorrupción Juan Carrau, ha detallado el acuerdo alcanzado entre las partes, de manera que los encausados han visto rebajadas sus peticiones de pena por los presuntos delitos, y ha retirado los cargos a cinco de los encausados, entre ellos el ex responsable insular de Carreteras y Obras Públicas Antoni Pascual. Además de Pascual, este lunes han quedado absueltos el responsable de la sociedad concesionaria Pamasa; la propietaria de una finca acusada de colaborar en la trama; el jefe de obra; y el responsable de seguridad y salud de la UTE, mientras que los hechos han prescrito para otros tres procesados en esta causa.
El acuerdo ha sido posible gracias al pacto entre la abogada del Consell de Mallorca y el representante de Pamasa, por el que se regulariza el contrato de gestión de la carretera de Manacor, de manera que la empresa concesionaria se compromete a retirar los contenciosos administrativos interpuestos contra la institución insular, que supondría un ahorro estimado de uno 350 millones de euros. La cuestión de la valoración de las obras suponía la vinculación directa de este juicio con el régimen jurídico y económico de la concesión, en la medida en que la tarifa económica que paga anualmente la institución a la concesionaria viene determinada por distintos factores como el valor de las obras, han precisado desde el Consell de Mallorca.
Paralelamente a la instrucción de este proceso, la concesión de la carretera de Manacor ha provocado numerosas discrepancias en la interpretación del contrato que se han traducido en varios contenciosos abiertos contra la institución insular. En estas, se solicitaban distintas cuantías por unos 45 millones de euros y una nueva interpretación de la tarificación por el canon anual, lo que podría suponer que la carretera, a la finalización de la concesión en 2042, tuviera un coste final de 955 millones de euros, alrededor de otros 400 millones de euros de lo que supondría el contrato actual.
El acuerdo alcanzado, que se incluye como anexo en el escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción, supone la retirada de todos los juicios contenciosos interpuestos por la concesionaria de la Ma-15 contra el Consell de Mallorca y, al mismo tiempo, incluye la reordenación de la vida económica de la concesión de forma que se ajusta el precio final por debajo de los 500 millones de euros. La trama, denunciada por la Fiscalía Anticorrupción, gira en torno a la construcción de la autovía de Manacor, inaugurada en 2006 y que supuso la obra viaria más cuantiosa del mandato de la entonces responsable insular, Maria Antònia Munar, cuando se habrían desviado alrededor de 41 millones de euros durante la ejecución de este proyecto.
Entre los condenados, se encuentra el exdirector insular de Carreteras Gonzalo Aguiar, que ha aceptado nueve meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo en grado de tentativa y fraude a la administración pública, así como la inhabilitación para ejercer un cargo público durante un plazo de seis años.
Por su parte, el exdirector de Obra por parte del Consell de la autovía Palma-Manacor Francisco Orejudo, que también ha reconocido los hechos ante la magistrada, ha aceptado un año de prisión, tres años de inhabilitación y el pago de 25.000 euros por los mismos delitos que Aguiar.
Por los mismos motivos, el exvigilante de la obra por parte del Consell Gabriel Mestre ha sido condenado a un año de prisión y no podrá ejercer un cargo público por tres años. También deberá afrontar el pago de una multa de 10.000 euros y el decomiso de 40.000 euros.
Además, José Javier Navarro, que fue jefe de producción en la Unión Temporal de Empresas (UTE), ha aceptado un total de dos años de prisión por fraude a la administración pública y cohecho, y deberá pagar una multa por unos 1.800 euros.
El ministerio público reclamaba inicialmente peticiones de prisión que sumaban entorno a 154 años de cárcel para los acusados de esta supuesta trama corrupta en torno a las obras en la carretera de Manacor, una investigación que se puso en marcha en 2009. Para este juicio, que se debía celebrar con jurado, la Audiencia había programado diversas sesiones de mañana y tarde en el edificio judicial de Sa Gerreria, y se esperaba que el juicio finalizara el 7 de octubre, si bien el pacto alcanzado ha permitido cerrar el Caso Peaje. En su momento, la "operación Peaje" dio lugar a la detención de 18 personas, entre ellos Aguiar, que por entonces era director del Consell por Unió Mallorquina.
