Los once procesados en el conocido como caso Multimedia, entre los que se encuentran varios excargos del PSIB, han admitido haber cometido algunos de los delitos de los que se les acusaba y han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para rebajar las penas y evitar entrar en prisión.
Así lo han manifestado las partes este martes ante la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, cuya magistrada ha acordado la suspensión de las penas privativas de libertad que han aceptado algunos de los acusados, y que en ningún caso superaban los dos años, siempre y cuando no cometan delitos durante los próximos tres años y paguen lo defraudado.
Según ha explicado el fiscal ante el tribunal, pese a que ni él ni la acusación han modificado su relato de hechos --el fraude de más de 400.000 euros mediante contrataciones ilegales empleando la empresa Sociedad Multimedia, de titularidad pública, entre 2008 y 2011-- sí han cambiado los tipos penales de los que se acusa a los once procesados.
De este modo, ha explicado, se ha sustituido la acusación de los delitos de malversación por otros de fraude en contratos, alegando que de este modo se ajusta a lo expuesto en la ley orgánica 14/22 de 22 de diciembre, que subraya que la malversación solo concurre cuando existe apropiación de fondos.
También ha eliminado la continuidad delictiva en varias de sus acusaciones y se ha limitado a mantenerlo a aquellos procesados que hubieran participado en más de un expediente de contratación ilícito. Asimismo, ha considerado que concurren las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño.
Según ha asegurado el representante del Ministerio Público, los acusados han consignado esta mañana parte de la responsabilidad civil que se les exige para devolver lo defraudado a la Comunidad Autónoma y han expresado su compromiso de completar el pago antes del 1 de noviembre de 2025.
Preguntados por la magistrada, todos los procesados han aceptado los términos del acuerdo, tras lo que se dictará una sentencia acorde que no será recurrible y cuyo contenido se ha adelantado este martes en la Sala. Teniendo en cuenta los atenuantes y la modificación de los delitos, el fiscal ha pasado de pedir penas que sumaban un total de 156 años de prisión a otras que alcanzan los 10 años y medio.
De este modo, han visto rebajada su pena el exsenador socialista y entonces director general del Govern Antoni Machado, de 17 años de prisión a 15 meses; el exlíder del PSIB en Calvià Francisco Cano, de 14 años a 11 meses; o el también entonces director general José Antonio Santos, también de 17 años a 15 meses.
A la misma pena que Machado y Santos ha sido condenada la que fuera directora general de Multimedia, Gianniely Cucci, mientras que su coordinador ejecutivo, José Juan Alcover Pons, ha aceptado seis meses de cárcel. A los seis acusados restantes, considerados cooperadores necesarios de un delito de fraude a la administración, se les ha impuesto penas de entre 11 meses y un año de prisión.
Todos ellos también han sido condenados a diferentes penas de inhabilitación. Santos y Manchado no podrán ostentar cargos o empleos públicos por un plazo de siete años, algo que tampoco podrán hacer ni Trelles (durante seis años) ni Cano (durante cinco años), así como otras tres personas que este martes se han sentado en el banquillo y que son, principalmente, empresarios que colaboraron en la trama.
En concepto de responsabilidad civil, ha apuntado la magistrada, Trelles deberá aportar 260.708 euros, de los cuales son responderán de forma solidaria o subsidiraria varios de los acusados. Es el caso de Santos, hasta los 174.241 euros; Manchado, hasta los 86.467 euros; Cano y otros dos, hasta los 17.325 euros; dos empresarios más hasta los 18.800 euros; otro hasta 55.076 euros; y dos más hasta los 83.790 euros y 87.600 euros, respectivamente.
