Una decena de miembros del 'clan del Pablo', incluido su líder, Pablo Campos Maya, han aceptado este lunes condenas que suman 21 años y medio de cárcel por blanquear dinero del narcotráfico, en un juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.
Las penas individuales van de dos años a tres años y tres meses de cárcel. El acuerdo alcanzado entre las partes y la Fiscalía incluye el decomiso de varias fincas compradas con dinero procedente del tráfico de drogas, salvo un inmueble sobre el que no ha habido conformidad ya que su propietaria rechaza la entrega.
Se trata de una mujer ajena al clan, que estaba vendiendo su finca a una persona vinculada a 'El Pablo', pero no había llegado a cobrar ni la mitad del precio cuando el jefe del clan fue detenido.
'El Pablo' ha aceptado una condena de tres años y tres meses de cárcel y una multa de 695.000 euros. Originalmente se le pedían seis años y una multa de cinco millones. En el juicio también han sido condenados, entre otros miembros del clan, la mujer e hijos de 'El Pablo'.
En virtud del acuerdo alcanzado, los acusados han reconocido que llevaban décadas ejerciendo el narcotráfico de forma organizada y que realizaron diferentes operaciones inmobiliarias y compras de vehículos para disfrazar el origen ilícito del dinero que ganaban.
Así, los tres principales acusados utilizaban a familiares y personas de su entorno para que apareciesen como titulares formales de las compraventas y ocultar su patrimonio. Adquirieron fincas en Palma, Benalmádena y Granada.
El fiscal ha apreciado una atenuante de dilaciones indebidas --la causa estuvo paralizada entre 2017 y 2018, y han pasado dos años desde que se formuló escrito de acusación hasta que se ha podido celebrar el juicio-- y otra de colaboración con la justicia.
DECOMISO DE UNA FINCA
El único fleco que ha quedado por cerrar en el acuerdo de conformidad ha sido el decomiso de una de las fincas, en Palma.
La propietaria es una mujer de edad avanzada, que había acordado la venta a nombre de una tercera persona --que según la Fiscalía no sabía que el dinero venía del tráfico de drogas--, si bien el verdadero comprador era 'El Pablo'.
Sin embargo, al ser detenido 'El Pablo' en la redada policial de julio de 2015, nunca se otorgó escritura pública, y los inmuebles continúan registrados a nombre de la propietaria original.
La mujer, defendida por el letrado Daniel Castro, se ha opuesto al decomiso de la finca ya que 'El Pablo' nunca llegó a pagar el precio pactado, 210.000 euros. De hecho, los pagos no habían alcanzado ni la mitad de ese valor para cuando fue detenido.
Durante la vista, el cabecilla del clan ha negado ser el propietario formal de la finca que se pretende decomisar. Según ha declarado, las llaves se las llevó la Policía y dejaron la casa "reventada", por lo que ha afirmado que no piensa "pagar nada" del inmueble.
La mujer ha expresado que necesita el inmueble porque cobra "muy poco" de su pensión. "Es la casa que me dejaron mis padres", ha lamentado. Según ha indicado, el contrato de compraventa lo había negociado su marido.
El abogado de la mujer ha defendido durante el juicio que el Estado no puede quedarse con la propiedad ya que no estaba totalmente pagada. La Fiscalía ha introducido una petición subsidiaria para solicitar que, en caso de que la Sala no acepte el decomiso, el Estado se quede con las cantidades que 'El Pablo' había pagado.
