Los dos periodistas a quienes el juez Miguel Florit ordenó requisar sus móviles para investigar una presunta revelación de secretos en el caso Cursach han testificado este martes que se vieron forzados a entregar los teléfonos a la Policía y que se vulneró su derecho al secreto profesional.
Blanca Pou, redactora de Europa Press, y Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, han declarado como testigos ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que instruye la querella que ellos mismos y sus empresas han presentado contra Florit por prevaricación.
"Venían con una orden judicial, era la ley, no tenía ninguna opción b", ha manifestado tras declarar Pou, mientras que Mestre lo ha explicado con un símil: "Es como si vas al médico y te dice: 'O te operas o te mueres', claro que te operas".
La magistrada del TSJIB Felisa Vidal instruye la querella contra el juez que investiga el caso Cursach, quien en su declaración como imputado sostuvo este lunes que no atentó contra el derecho a mantener en secreto las fuentes al requisar los móviles de Pou y Mestre y controlar sus llamadas y las de los teléfonos de sus empresas durante dos años, lo que también hizo con una redactora y los teléfonos de la delegación de la Agencia EFE en Palma.