La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará este viernes una vista previa al juicio a 13 empresarios acusados de explotar a sus trabajadores, defraudar a Hacienda y a la Seguridad Social y defraudar fluido eléctrico, delitos por los que se piden penas que conjuntamente suman 388 años de cárcel y multas que alcanzan los 100 millones de euros en total.
La Fiscalía los acusa de haber "ideado, estructurado y gestionado" un entramado empresarial destinado a eludir sus obligaciones fiscales. El fiscal cree que esta estructura llevaba funcionando al menos desde 2009 y hasta el momento de la detención de los imputados, en diciembre de 2015.
Según la acusación, para ello los implicados alteraban los beneficios de sus locales de hostelería -heladerías, bares y cafeterías y pizzerías, entre otros- a través de una "contabilidad paralela" que reflejaba una situación contable "muy inferior a la real".
De este modo, detalla la Fiscalía, los acusados conseguían una reducción de las cuotas del impuesto de sociedades y del IVA. El Ministerio Público sitúa al frente de este entramado a dos hermanos y a un asesor jurídico, al que describe como el encargado de proporcionar las directrices a los implicados. Se cree que recibía una compensación económica semanal en efectivo de cada uno de los negocios.
La Fiscalía continúa su acusación reseñando que los empresarios constituyeron hasta 37 sociedades mercantiles de hostelería en Mallorca -muchas de ellas en Palma-, en las que uno o varios de ellos figuraban como socios o administradores, pero integraban "una misma unidad económica".
La acusación pública pide para cada uno de estos empresarios 24 años de prisión por los delitos contra la Hacienda Pública. Ello explica que la suma de las penas sea tan elevada, puesto que imputa a cada uno de los procesados 12 delitos por separado. La multa que pide por estos delitos es de 6,8 millones de euros para cada empresario, y solicita que se indemnice a la Hacienda Pública por las cuotas dejadas de ingresar por el impuesto de sociedades y el IVA.
EXPLOTACIÓN LABORAL
Igualmente, a los empresarios se les imputa un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Los investigadores les acusan de realizar sistemáticamente contratos por menos horas de las realmente trabajadas y de no respetar las jornadas de descanso semanal de los empleados.
La Fiscalía cree que para ello, se aprovechaban de extranjeros en situación irregular en España para que aceptasen estas malas condiciones de trabajo. Las cuotas dejadas de abonar ascienden a 1,13 millones de euros, según la estimación del Ministerio Público, que reclama que se indemnice a la Seguridad Social.
Asimismo, la Fiscalía acusa a ocho de los procesados de realizar en sus locales conexiones irregulares al tendido eléctrico con el objetivo de lograr un enriquecimiento injusto. Calcula que el flujo energético defraudado asciende a 131.582 euros, y pide que los acusados indemnicen a las compañías energéticas por este concepto. Por el delito de defraudación de fluido eléctrico no se pide pena de cárcel, sino una multa de 7.300 euros para cada procesado.
En los registros practicados en diciembre de 2015, además de diversa documentación, la Policía Nacional intervino altas cantidades de dinero en efectivo, en algunos casos, en un maletín y en el interior de una caja fuerte. También se incautaron de vehículos de alta gama presuntamente comprados con los beneficios ilícitos.
