La entidad ha reclamado al consistorio en un comunicado que modifique la ordenanza cívica de 2014 que derogó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dos años, que incluya "acciones drásticas que demuestren un cambio de actitud de los poderes públicos frente al turismo incívico que viene soportando la zona desde hace años".
Piden que esa ordenanza se modifique, en vez de crear otra nueva porque el procedimiento de reforma es más rápido y permitiría que entrara en vigor para este verano, en contra de los comportamientos incívicos que impiden la convivencia pacífica entre turistas y residentes, y deterioran la imagen de la zona.
Quieren "medidas contundentes" que permitan visualizar de manera inmediata "un cambio de actitud ante la opinión pública extranjera".
Ante el evidente grado de abandono de la Playa de Palma en infraestructuras y mantenimiento, las asociaciones vecinales y hoteleros reclaman inversiones públicas con cargo al Fondo de Capitalidad que recibe el Ayuntamiento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y también procedentes de los ingresos generados por la ecotasa en la zona turística de mayor volumen en Mallorca.
La plataforma tiene previsto reunirse en las próximas semanas con la delegada del Gobierno para reclamar la firma de convenios con la Secretaría de Estado de Turismo para el mantenimiento de la competitividad turística, "fórmula que está empleando el Gobierno estatal para invertir en zonas maduras de las Islas Canarias". Los miembros de la plataforma exigen igualdad de trato.
La plataforma "Por una Playa de Palma cívica" la constituyen las asociaciones de Hoteleros Playa de Palma, Vecinos San Antonio de la Playa, Vecinos Playa de Palma-S'Arenal, la Agrupación Ciudadana Ciutat de S'Arenal, la asociación de Vecinos Sometimes y la plataforma Antidelincuencia Playa de Palma.