El pleno del Ayuntamiento ha aprobado de forma inicial la ordenanza municipal para fomentar la convivencia cívica con los apoyos favorables del PP y Vox y el rechazo de la oposición, tras lo que el texto se abrirá a alegaciones antes de ser sometida a la votación definitiva.
Éste ha sido el segundo paso en la tramitación de la ordenanza, que fue aprobada por la Junta de Gobierno municipal y presentada por el alcalde, Jaime Martínez, a finales del pasado noviembre. Desde entonces, el texto ha sido criticado de forma insistente tanto por los grupos de la oposición como por distintas entidades ciudadanas.
Entre otras medidas, la ordenanza establece nuevas sanciones y regulaciones para limitar el uso de autocaravanas como viviendas, las visitas guiadas de más de 20 turistas, la circulación en patinetes y otros vehículos de movilidad persona sin seguro civil o la actividad de artistas callejeros.
El regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo del Ayuntamiento de Palma, Miquel Busquets, ha defendido la utilidad del texto que se ha llevado este jueves al pleno como una herramienta de para defender los derechos de los ciudadanos que respetan las normas de convivencia y "necesitan una respuesta política que garantice su bienestar".
"No se trata de restringir, sino de crear un espacio en el que cada persona pueda vivir con respeto y sin que su bienestar se vea impedido por los comportamientos incívicos", ha subrayado Busquets.
El regidor de Vox Fulgencio Coll, por su parte, ha señalado que la ordenanza no pretende criminalizar a ningún colectivo, "sino proteger a la ciudadanía de los criminales", y ha acusado a la oposición --"a los comunistas y sus aliados", ha apostillado-- de haber provocado los problemas de exclusión y de falta de vivienda asequible. Sus palabras han sido recibidas con abucheos y gritos por parte de los numerosos representantes de las entidades ciudadanas que han acudido esta mañana al salón de plenos de Cort para mostrar su rechazo ante las medidas que finalmente han superado un nuevo trámite.
Por su parte, el regidor socialista Xisco Ducrós ha considerado que la ordenanza es fruto de la incapacidad del equipo de gobierno municipal de proponer iniciativas para solucionar los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía. "Por eso castigan a los que no tienen hogar y no les queda más remedio que vivir en una caravan", ha reprochado.
"¿Son criminales los que viven en una caravana porque no tiene una vivienda?, ¿son criminales los artistas que actúan en la calle y que no generan ningún problema?, ¿son criminales las entidades vecinales? Están planteando una ordenanza que va en contra de sus propios ciudadanos", ha apuntado Ducrós.
La regidora de MÉS per Palma Neus Truyol ha tachado el texto de "represivo y antidemocrático" y ha considerado que propone "soluciones policiales a problemas sociales". La representante de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha lamentado que el Ayuntamiento, con la ordenanza", "declara la guerra a los pobres". "Les parece que los pobres ensucian la ciudad, molestan a los turistas, y piensan en Palma como una marca para hacer negocio. No les importa la gente, no quieren solucionar los problemas, solo esconderlos", ha concluido.
Decenas de personas se concentran para mostrar su indignación
Unas 30 personas se han concentrado este jueves en la Plaza de Cort, frente al Ayuntamiento de Palma, para mostrar su indignación ante la aprobación de la nueva normativa cívica, que prohíbe el uso de autocaravanas como vivienda habitual, y que afectaría a unas 450 personas que residen en este tipo de vehículos.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no descartan llegar a los tribunales, si el Consistorio no deroga la norma por ir en contra, dicen, de la ley del Ministerio de Interior. Además, los caravaneros de Palma han vuelto a reclamar que se les habilite un espacio de pago en la ciudad para que puedan asentarse.
Reclamaciones que ha querido apoyar el colectivo de artistas callejeros de Palma, que exige también al Consistorio medidas urgente para frenar la crisis habitacional, debido a la incesante subida de precios de la vivienda en la capital balear.
