Aumentar el suelo urbanizable disponible, sacar al mercado los inmuebles vacíos, promover la inversión pública y construir viviendas cuyo precio sea acorde a los sueldos de los ciudadanos de Baleares son algunas de las soluciones que propone el sector inmobiliario para resolver el problema de acceso a la vivienda en las islas, un asunto que se ha abordado este viernes en una jornada organizada por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Palma.
El sector critica la Ley Estatal de Vivienda, que provoca, dicen, "inseguridad jurídica" y que "los propietarios prefieran contratos de alquiler temporales que de larga duración". La nueva vicepresidenta del Colegio, María Garau, insiste en que "cada vez más personas" se quedan fuera del mercado inmobiliario en las islas por los elevados precios de la vivienda.
Por su parte, la Asociación de Constructores de Baleares aplaude el decreto ley de Simplificación Administrativa del Govern, que incluye regularizar inmuebles en suelo rústico. Una medida que podría suavizar la emergencia habitacional que sufren las islas, "donde faltan 35.000 viviendas", en palabras de su directora general, Sandra Verger.
Destinar las viviendas de alquiler vacacional ilegal a uso residencial
Desde la administración autonómica, el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés, ha reconocido que las medidas que está impulsando el Ejecutivo no tendrán sus frutos "de manera inminente", pero sí lo harán a largo plazo. Entre ellas están el decreto de emergencia habitacional con el que se pretende aumentar la oferta a precio asequible, así como aumentar las inspecciones para "poder destinar las viviendas de alquiler vacacional ilegal a uso residencial".
Mientras Cati Fiol, portavoz del Banc de Temps de Sencelles, la plataforma que convocó la manifestación multitudinaria el pasado sábado en Palma, ha querido aclarar que su principal reivindicación es la de "reclamar una vivienda digna para los residentes de Mallorca", no la de atacar al sector turístico. Ante la urgencia habitacional, propone incentivos fiscales para que los propietarios alquilen a un precio asequible, así como defiende la necesidad de sacar al mercado las 1.700 casas que están vacías en Sencelles.
