El exintendente de la Policía Local de Palma Antonio Vera ha agitado este lunes, en su turno de última palabra en el juicio por el caso Exámenes, los whatsapps entre el exfiscal Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva para enfatizar la falta de imparcialidad en el proceso.
"Llegó a incriminarme no en una, ni en dos, ni en tres, sino hasta en cuatro causas penales más. 'Tranqui, Subi, ya le joderemos en otra', le dijo Penalva [a Subirán] al verle desconsolado porque me habían absuelto", ha recalcado Vera ante el Tribunal. El exintendente también ha expresado que "desde pequeño" quiso ser policía porque se "imaginaba ayudando a la gente y persiguiendo al malo": "Lo que no me podía imaginar es lo que he vivido en estos últimos diez años y medio", ha apostillado.
Otros acusados también han hecho uso de su derecho a intervenir para defender su inocencia y remarcar su sufrimiento por las investigaciones de la macrocausa Cursach, de la que fueron absueltos. "Estoy convencido de que el señor Subirán fue manipulado por el verdadero autor intelectual de la cruel y inhumana persecución que hemos sufrido yo y otros muchos durante más de diez años. Y sea dentro de la Policía o fuera de ella, prometo hacer lo posible y lo imposible para llevar ante la justicia a semejante monstruo", ha lanzado el excomisario Rafael Estarellas.
El agente ha revelado que, en uno de los recesos del juicio de la macrocausa, el fiscal Juan Carrau le pidió disculpas delante de su abogado por haberle acusado por homofobia en una pieza derivada, con el argumento de que no le había quedado "más remedio" por el trabajo previo de su antecesor. "No he dejado de darle vueltas a esas palabras", ha dicho, preguntándose "por qué en privado". "Tengo el convencimiento de que nuevos acontecimientos saldrán a la luz pública", ha añadido. Por su parte, Tomas Mas ha aprovechado su turno de última palabra para "decirle al Ministerio Fiscal que en 28 días" se volverán "a ver", en alusión a la pieza que afecta al empresario Miguel Pascual, pendiente de juicio.
INFORMES FINALES
En su informe final el pasado viernes, la Fiscalía consideró acreditado que el exdirector general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, envió a un policía interino, Daniel Montesinos, siete de las diez preguntas del examen de ascenso a oficial del año 2012 --preguntas que le habrían adelantado para ello los exmandos policiales Antoni Vera y Rafael Estarellas-- para que las remitiera a dos aspirantes, Tomás Mas y Santiago Adrover, seis días antes de la prueba.
En sus informes, las defensas han combatido la principal prueba de cargo, el testimonio de Montesinos, que han calificado de "absurdo". "Nos sorprende que la única persona que haya confesado en juicio haber participado en un hecho delictivo se haya convertido en el testigo estrella del Ministerio Fiscal y se le haya premiado por ello", ha lanzado la abogada de Vera.
Además, los letrados entienden que el acta notarial recogiendo el correo incriminatorio solamente "protocoliza" un pantallazo fácilmente manipulable que "no acredita nada". Así, consideran que no se ha demostrado el concierto previo para beneficiar a los dos aspirantes, afirmando que los alegatos de las acusaciones fueron "una especie de oda al cuchicheo, al vox populi", en palabras del abogado de Estarellas.
Paralelamente, el abogado de Calvo ha recalcado que el exintendente y uno de los opositores "eran muy buenos amigos", por lo que si el mando policial hubiera querido filtrarle las preguntas no tenía ninguna necesidad de enviárselas a través de terceras personas: "Se las hubiera dado sin dejar huellas, sin citar a una persona que no conoce apenas".
Además, "de ser cierta esa filtración sería una filtración absolutamente ridícula" porque no podría "afectar al resultado del concurso", que incluía otras pruebas corregidas por otros tribunales. Del mismo modo, los abogados de los aspirantes acusados han argumentado que la mera recepción de un correo no implica delito por su parte, alegando que no se ha demostrado que cooperaran en la filtración.
VISTO PARA SENTENCIA
Así, el juicio por el presunto amaño de las oposiciones de ascenso a oficial en la Policía Local en 2012 ha quedado visto para sentencia. Anticorrupción pide para la excúpula policial y los dos opositores condenas de un año y medio de cárcel e inhabilitación de hasta 12 años para el ejercicio de cargos públicos, por delitos de revelación de secretos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. La Fiscalía también solicita anular el ascenso a oficial y la obtención de plaza de los dos agentes acusados.
