Los seis altos cargos del equipo de confianza del expresidente del Govern, José Ramón Bauzá, tendrán que devolver a las arcas públicas un total de 19.600 euros que percibieron "indebidamente cobrado" durante nueve meses, entre junio de 2011 y marzo de 2012.
Así lo han señalado desde el sindicato UGT, en una rueda de prensa en la que han mostrado su satisfacción después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso presentado por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y que mantiene vigente la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Baleares que ya declaraba "ilegal" el sueldo de dichos altos cargos.
En concreto, la subida se aplicó al jefe del gabinete de Bauzá, a tres asesoras técnicas y a dos secretarias que formaban parte del personal de confianza del expresidente, tal y como ha precisado en rueda de prensa el secretario de Administración Autonómica FSP-UGT, Jordi Crehuet.
Desde UGT han criticado que se haya recurrido la sentencia del TSJIB ya que en su alegato se mostraba tajante en los argumentos en contra de la subida de sueldos.
De esta forma, se "pone fin a un largo recorrido que se inició en 2011", y queda demostrado que "se había cometido un agravio" contra los empleados públicos de la CCAA al tomar la decisión de justificar una subida salarial, al mismo tiempo que se venían aplicando recorte en materia salarial y de derechos al resto de empleados públicos, ha afirmado Crehuet.
"Por un empecinamiento de determinadas personas, ahora tienen que devolver el dinero, por no haber hecho caso a las advertencia del sindicato", ha lamentado el secretario de Acción Sindical en Federación Servicios Público del sindicato, Miquel Àngel Romero, quien ha apuntado que la CAIB se tendrá que hacer cargo de las costas, que ascienden a unos 1.500 euros.
Según Crehuet, "la justificación del presidente apuntaba a que estas personas tenían que asumir más carga de trabajo y, por lo tanto, se tenía que aumentar su retribución económica", cuando, tal y como ha recordado el sindicalista, el resto de empleados públicos "pasó de trabajar 35 horas a 37 horas a la semana".
Ha quedado demostrado que se estaba incurriendo en un "trato desigualitario" con el resto de trabajadores públicos, ha remarcado Romero, quien ha incidido en que "lo más chocante de todo" es el contexto en el que se llevó a cabo este incremento de retribuciones, coincidiendo con los "recortes" que se estaban aplicando al resto de empleados públicos de la Comunidad Autónoma.
"Esperemos que ahora alguien asuma responsabilidades aunque ya no estén en el gobierno y pida disculpas, principalmente a los empleados públicos", ha apostillado Romero.
