Varapalo a la sanidad pública balear por el pronunciamiento del Tribunal Supremo este miércoles al inadmitir a trámite el recurso del Govern balear contra la anulación del decreto del catalán que pedía el sindicato CSIF, por entender que discriminaba a algunos sanitarios de las islas. Contra la providencia notificada por el Supremo no caben más recursos y, a pesar de no entrar el tribunal en el fondo del asunto sobre si el catalán debe ser un requisito o un mérito para los sanitarios que trabajen en Baleares, la decisión del Supremo tendrá efecto inmediato en las islas. Así lo aseguran los sanitarios consultados por Onda Cero este jueves, junto con representantes del sindicato médico de Baleares Simebal.
Desde este miércoles todo profesional sanitario contratado por el Ib-Salut deberá acreditar el B2 de catalán, que vuelve a ser un requisito, sin excepciones. Lo que había aprobado el Govern balear y había cuestionado el sindicato de funcionarios CSIF fue una excepción temporal de dos años para los nuevos sanitarios, convirtiendo el requisito en mérito en algunas contrataciones. Los sanitarios podían acceder a la sanidad pública balear sin acreditar el conocimiento del catalán hasta este miércoles, porque tenían el derecho a hacerlo en un plazo de dos años. Terminado este plazo, los profesionales sin conocimientos acreditados de catalán, podían acceder a una plaza del Ib-Salut con un certificado de nivel B1. La flexibilidad que otorgaba el decreto aprobado por el Govern balear incluso preveía otras situaciones excepcionales.
Simebal denuncia en Onda Cero que desde esta semana ya "no habrá flexibilidad" ni excepciones a la hora de acceder a la sanidad pública balear y habla de un perjuicio inmediato para la ciudadanía. Asegura el presidente de Simebal Miguel Lázaro en esta entrevista que el "déficit de unos 500 médicos" en la sanidad balear se agravará y que el Govern prioriza los "intereses políticos y partidistas" por encima de los de una sanidad de calidad.
