La resolución del Tribunal Constitucional, que anula la obligatoriedad de reservar con 30 minutos de antelación el servicio de una VTC en Baleares, ha hecho saltar las alarmas en el sector del taxi que teme una liberalización total del mercado. Las patronales del taxi convencional admiten que la decisión del Constitucional, en base a un recurso previo del Supremo, no es una buena noticia, pero "deja la puerta abierta" a comunidades como Baleares y Canarias a regular el servicio de las VTC y "marcar la diferencia" con otras regiones.
Así lo ha explicado a Onda Cero el presidente de la Federación Independiente del Taxi Islas Baleares y presidente de PIMEM-Taxis, Biel Moragues, que apunta a que nuestra comunidad autónoma no cuenta con infraestructuras ni transporte estatales, por lo que puede imponer sus propias limitaciones en la regulación de los vehículos de alquiler con conductor. Es por ello, en palabras de Moragues, que la patata caliente está ahora en el tejado del Govern balear, que tendrá que decidir de qué manera aplica la resolución del alto tribunal, ya que la ley balear del taxi, aprobada recientemente sí incluye la obligatoriedad de contratar una VTC con 30 minutos de antelación.
La ley del taxi, que fue negociada e impulsada por el diputado ‘popular’ José Luis Mateo, que luego asumió el cargo de Conseller de Movilidad, ahora tendrá que ser adaptada a las nuevas resoluciones judiciales. Es la postura del conseller titular de Movilidad, que este miércoles ha renunciado a su acta de diputado al dirigir la conselleria balear de Vivienda, Territorio y Movilidad. Dice Mateo que hay que respetar las resoluciones judiciales y aplicar la ley, aunque el sector del taxi cree que podrá aplicar la ley balear acordada.
Además, los taxistas denuncian incumplimiento de las normas vigentes y falta de control policial y administrativo entre los vehículos de alquiler con conductor, que recogen a clientes en la calle e incumplen la contratación previa de 30 minutos, siempre según el presidente de Taxis-PIMEM, Biel Moragues, y en base a la denuncia presentada por Taxis CAEB. Por ello, si no se pone coto a conductas "ilegales" como las que han sido detectadas por el sector, las asociaciones anuncian "problemas e incidentes en el futuro" si los conductores de UBER operan con "impunidad".
