Los trabajadores del Tren de Sóller y la empresa concesionaria del servicio se han reunido este viernes en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) para acercar posturas en el nuevo convenio colectivo del sector, la temporalidad y la puesta en marcha de un reglamento de circulación de trenes, con el objetivo de evitar los ocho días de huelga convocados.
Cabe recordar que el comité de empresa de los trabajadores del Tren de Sóller, formado por UGT, CCOO y STEI, comunicó la semana pasada un preaviso huelga para los días 22, 23, 29, 30 y 31 de agosto y del 7 al 9 de septiembre, por las "carencias" del servicio en materia de seguridad, la temporalidad y la dificultades para conciliar la vida familiar, entre otras cuestiones. La convocatoria de estas jornadas de huelga radican en la "imposibilidad" de llegar a un acuerdo en la negociación del nuevo convenio colectivo, que lleva abierta desde hace alrededor de cuatro meses.
En cuanto al aspecto salarial, los sindicatos reclaman subidas salariales del siete por ciento para 2023 y del cuatro por ciento para 2024, algo que según fuentes sindicales "está bastante encaminado". Los puntos de discordia se situarían en la temporalidad y la confección de un reglamento de circulación de trenes. "El principal es la seguridad ferroviaria, porque el Tren de Sóller es la única empresa ferroviaria a nivel nacional que no tiene un reglamento de circulación de trenes, ya que hace años se instó a la conselleria responsable en materia de transporte a publicar un reglamento en ese sentido, que es primordial en este tipo de empresas", señaló el coordinador de CCOO de Serveis Ferroviaris de Mallorca, Miquel Àngel Vadell.
Sobre la temporalidad, los trabajadores solicitan a la empresa la contratación de un mínimo de nueve meses para los fijos discontinuos, mientras que los sindicatos aseguran que la empresa "no se lo garantiza". Por su parte, la empresa concesionaria del tren se Sóller manifestó que su propuesta era un convenio colectivo para los próximos tres años con un aumento salarial del cinco por ciento el primer año, y del 3,5 por ciento y el tres por ciento, respectivamente, para el resto de los años.
En cuanto a la antigüedad, que afectaría a los trabajadores que ingresaron en la empresa con posterioridad a 2002, implicaría un aumento por este concepto de un dos por ciento para cada uno de los años de vigencia, es decir, un seis por ciento más. "Esto afectaría a 76 trabajadores (el 69 por ciento de la plantilla), cuyo aumento total sería de más del 20 por ciento", recalcó la empresa.
Asimismo, la concesionaria puntualizó que los demás puntos del preaviso son cuestiones "ya plasmadas en otros convenios en Baleares y, salvo que por parte de los trabajadores se reivindiquen imposibles, como en salarios", desde la empresa no ven "la dificultad para llegar a acuerdos".
