El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha pedido al juez que instruye el proceso por revelación de secretos dentro del caso Cursach, Miguel Florit, que argumente su solicitud de ampliar la investigación al juez Manuel Penalva, apartado de la causa, y al fiscal Miguel Ángel Subirán.
El juez Florit había dictado un auto, analizado este jueves por la sala civil y penal del TSJIB, en el que elevaba al alto tribunal un informe donde la Policía atribuye indicios de distintos delitos a Penalva y Subirán, que son aforados.
El TSJIB, que ha analizado este jueves la petición formulada el miércoles por el instructor, entiende que para poder decidir si asume la investigación de los hechos imputados al fiscal y al juez la solicitud debe incorporar una "exposición razonada".
"Lo pertinente sería que el instructor, de considerarlo adecuado, redactara una exposición razonada a este tribunal y que previamente a su elaboración diera traslado a todas las partes personadas para que informaran sobre la conveniencia de elevar la causa a esta sala", indica el auto.
El TSJIB recoge en su resolución jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se indica que no basta con la "constatación puramente nominal" de que se atribuyen delitos a un aforado, sino que el juez responsable de la investigación debe argumentar de forma exhaustiva "el alcance objetivo y subjetivo de los hechos".
No obstante, la sala civil y penal del alto tribunal balear ha registrado la solicitud del juez Florit y ha designado al magistrado Antonio Federico Capó como ponente para el caso de que se le remita la "exposición razonada" y analice la posible imputación del juez Penalva y el fiscal Subirán.
Varios medios de comunicación publican este jueves que la Policía atribuye a Subirán y Penalva, además del de revelación de secretos, delitos como los de detención ilegal, coacciones, amenazas y pertenencia a grupo criminal.
En la causa secreta abierta inicialmente por una denuncia de revelación de secretos han sido detenidos cuatro agentes de Policía que formaron parte del grupo de Blanqueo de Capitales que investigó las presuntas prácticas corruptas del empresario Bartolomé Cursach.
El juez que instruye ese proceso, Miguel Florit, está a su vez imputado por prevaricación a raíz de una querella impulsada por Diario de Mallorca y Europa Press y los periodistas cuyas llamadas telefónicas ordenó controlar para investigar filtraciones.