UGT pide el cese de Maria Salom por impugnar la carrera profesional

El secretario general de Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Romero, ha dicho hoy que la Delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom, "debería dimitir", y, "si no lo hace,el Gobierno central debería plantearse cesarla", por recurrir contra los acuerdos de carrera profesional de los funcionarios.

Romero ha subrayado que ya está paralizado por los recursos de Salom el cobro de la carrera profesional de los funcionarios de los ayuntamientos de Palma y Santa Eugenia, del Consell de Mallorca y del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Durante la manifestación convocada hoy por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF ante la sede de la Delegación de Gobierno, unos 50 trabajadores han protestado por "los recursos presentados por la Delegación de Gobierno contra los acuerdos de carrera profesional".

"La delegada del Gobierno ha generado un conflicto en el peor escenario posible: ha logrado suspender la carrera profesional y después se ha hecho la foto diciendo que sí la quiere", ha manifestado Romero.

Romero ha exhibido la copia de un documento fechado el 06/06/2017 en el que el Director General del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Javier Pérez Medina, asegura: "Se podrán efectuar pagos a cuenta de la carrera horizontal a partir de los plazos que se acuerden".

Pérez Medina añade en este mismo documento que las entidades locales "podrán adoptar sus propios acuerdos y establecer el desarrollo del complemento de carrera profesional porque ya existe una base jurídica que les da cobertura, en este caso la legislación balear".

Ante esto, Romero considera "evidente" que la suspensión no tiene razón de ser. "Además, ¿por qué los funcionarios de la Agencia Tributaria estatal sí perciben este plus de carrera profesional y aquí esto no ocurre?", se ha preguntado el sindicalista ante los medios.

Según Romero, son "unas 6.000 personas" las que están dejando de percibir estos incentivos salariales, y su situación es ahora "mucho peor que en 2012".

Romero cree que la problemática suscitada es "un lío político del que" los funcionarios son "rehenes".

El representante de UGT ha desvelado que la delegada del Gobierno, Maria Salom, "envió una carta a todos los ayuntamientos para que se abstuvieran de implementar acuerdos de carrera profesional; si lo hacían, podían estar incurriendo en malversación de caudales públicos o prevaricación".

Por último, el líder sindical se ha preguntado si cuando Salom era presidenta del Consell y firmó el acuerdo de carrera profesional "¿pudo haber prevaricado? ¿Pudo haber malversado fondos públicos?".