El viernes abre el plazo para pedir ayudas de alquiler a Govern por 7,4 millones

El año pasado hubo 2.606 beneficiarios y se dedicaron 4,7 millones de euros a estas ayudas, pero hay varias novedades. Una de ellas es que el techo del coste de alquiler de 900 euros para poder optar a las ayudas se extiende a todo Baleares cuando antes era solo para Ibiza y Formentera, ha detallado el conseller Marc Pons en una rueda de prensa.

Para optar a las ayudas, es necesario tener un contrato de alquiler en vigor este año y que el coste máximo del alquiler sea de 900 euros mensuales. Pons ha detallado que esta ayuda "a fondo perdido" debe permitir cubrir al menos el 40 % del alquiler anual.

Se pueden beneficiar de las ayudas personas con ingresos familiares inferiores a 22.688 euros anuales y que paguen un alquiler por debajo de 900 euros, que recibirán el 40 % hasta un tope de 4.000 euros anuales o 330 euros mensuales.

También se pueden acoger familias numerosas o con algún discapacitado a cargo, con ingresos familiares menores a 30.077 euros, y familias numerosas especiales (con cuatro o más hijos) o alguna discapacidad grave (más del 66 %) e ingresos de 37.596 euros.

Si el solicitante es menor de 35 años o mayor de 65, el máximo de la ayuda alcanza el 50 %, hasta un máximo de 4.300 anuales o 360 al mes, algo que ayuda a los mayores y favorecerá la capacidad de los jóvenes de independizarse, ha indicado el conseller.

Pons ha dicho que los 7,4 millones de euros disponibles (6 millones proceden del plan estatal y 1,4 los aporta el Govern) suponen un fuerte incremento respecto a 2015, con 1,4 millones de euros en ayudas y 730 beneficiarios. En 2016 se destinaron 2,6 millones y hubo 1.398 beneficiarios.

Pons ha manifestado la preocupación del Govern por el incremento del precio de la vivienda y también del alquiler en Baleares y de "a repercusión que tiene para las familias con menos recursos e incluso consideradas de nivel medio". Ha añadido que el hecho de que Baleares sea un punto de atracción para los europeos "tiene consecuencias sobre el precio de la vivienda".

Pons ha recalcado la importancia de que la problemática de la vivienda se aborde desde distintos puntos de vista, de manera transversal y de que haya una continuidad a largo plazo de las políticas de vivienda para que sean efectivas.

Ha recordado varias de las medidas adoptadas por el Govern, entre las que ha destacado la aprobación de la primera Ley de Vivienda que abre la posibilidad de destinar a alquiler público viviendas vacías de grandes tenedores, aborda la problemática de la pobreza energética y centra la política de vivienda pública en el alquiler, ya que las VPO que se construyan serán para esta modalidad.

Se incrementará el parque pública de vivienda un 30 % en dos años, con más de 511 nuevas viviendas que se suman a las 1.800 existentes, ha recordado Pons.

En total, el Govern garantizará 88 millones de euros para el plan de vivienda de 2018-2020, que supone 22 millones de euros cada año "solo para políticas de vivienda", ha recalcado.

Pons cree que en ese presupuesto "una pata fundamental es la acción estratégica de ayudas al alquiler" y además el Govern espera poder incrementar en los próximos meses la bolsa de vivienda pública disponible, con el acceso a viviendas vacías.

Ha recordado que el plazo que fija la ley para que los grandes tenedores inscriban esas viviendas a disposición el Ibavi termina el 30 de septiembre y ha dicho que "ya se están dirigiendo al Govern para hacer consultas y cumplir la normativa".

En paralelo, el Govern tramita el decreto que regula como hacer efectiva esta cesión de vivienda cuando el Govern lo crea oportuno, además habrá partida presupuestaria específica para dar respuesta al incremento de vivienda e irá acompañado de un servicio de inspección de vivienda "que será fundamental".

Ha insistido en que la medida "persigue que todo esté ocupado y que no haya vivienda vacía sin sentido" y favorecer que la iniciativa privada alquile. "Y si no es así, tenemos la capacidad de poderlo impulsar".