El Consell de Mallorca ha aprobado aplicar la legalización extraordinaria de viviendas en suelo rústico establecida en el decreto ley de simplificación administrativa convalidado por el Parlament el pasado martes. El pleno extraordinario insular de este martes ha aprobado, con los votos a favor del PP, Vox y El PI y los votos en contra de MÉS per Mallorca y PSIB, aplicar la disposición séptima del decreto, que establece la posibilidad de regularizar edificaciones en suelo rústico fuera de ordenación en las que haya prescrito la posibilidad de restablecer de la legalidad urbanística. El plazo para acogerse a la medida será de tres años.
El PP, Vox y El PI han defendido la norma, señalando que se trata de dar una solución a las familias que tienen y viven en casas fuera de ordenación. En esta línea, el conseller insular de Movilidad y Territorio, Fernando Rubio, ha insistido en que no es "una amnistía", puesto que la legalización "no es gratuita" e implica condiciones para los propietarios.
El portavoz de Vox, Toni Gili, ha considerado también que el decreto ley no implica una amnistía y que busca dar seguridad jurídica a los propietarios. Para Vox, es positivo que los ayuntamientos recauden las tasas no cobradas a las edificaciones que se acojan a la regularización y ha asegurado que "no habrá más casas en suelo rústico".
Por su parte, PSIB y MÉS per Mallorca han mostrado su desacuerdo con la norma, considerando que es "un atentado contra el suelo rústico". "La norma está hecha a medida para los infractores", ha criticado el portavoz ecosoberanista, Jaume Alzamora, quien ha calificado la norma de "decreto de barra libre". Según la portavoz socialista, Catalina Cladera, la disposición del decreto que establece esta legalización "es muy genérica y necesita concreción".
