Una Sala Especial constituida en el Tribunal Superior de Justicia para estudiar la petición recusatoria planteada por el sindicato Manos Limpias contra dos de los magistrados que deberán decidir si archivan o mantienen la imputación de la Infanta Cristina, ha dado tres días a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre si ambos jueces deben ser apartados y sustituidos por otros dos que por turno corresponda.
Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se da por recibido todo el expediente de recusación para su análisis y posterior resolución. En concreto, la Sala ha sido creada al amparo del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y la integran el presidente del TSJIB, Antonio Terrasa, así como los magistrados Francisco Javier Wilhelmi, Gabriel Fiol, Miguel Ángel Aguiló, Antonio Oliver y Carmen Frigola.
La normativa establece que será una Sala Especial constituida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia en cuestión, los presidentes de Sala y el magistrado más moderno de cada una de ellas, la que conozca de las recusaciones formuladas.
A partir de ahora será la Fiscalía la que deba emitir sus alegaciones en torno a la petición formulada por Manos Limpias, que centra su solicitud en el presidente de la Sección Segunda, Diego Gómez-Reino -quien además será ponente en la resolución sobre el archivo o mantenimiento de la imputación de la Duquesa de Palma- y la magistrada Mónica de la Serna al considerar que su "falta de imparcialidad" podría afectar a su decisión.
De hecho, la letrada de la acusación popular, Virginia López Negrete, recuerda que tanto Gómez-Reino como De la Serna ya acordaron, por medio de un "polémico" auto, sobreseer en mayo de 2013 el encausamiento de la hermana del Rey Felipe VI.
Cabe señalar que el fiscal Pedro Horrach ya se pronunció sobre la petición recusatoria, sobre la que recrimina que Manos Limpias utilice "fraudulentamente" este instrumento legal para conseguir "finalidades espurias". A su juicio, el contenido de la solicitud "no sólo es ajeno a dicha figura" -a la recusación- "sino que desborda los límites que imponen las reglas de la buena fe".
El representante del Ministerio Público critica en este contexto que la acusación popular "ni expone ni, por tanto, argumenta" la concurrencia de ninguna de las causas que deben darse en una abstención o recusación, previstas por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), sino que "se limita a reiterar hasta la saciedad la existencia de una 'sospecha objetiva de parcialidad' con el único fundamento que la imaginación del autor de la petición".
