El Consell de Menorca ha aprobado una propuesta de acuerdo del Partido Popular para instar al Gobierno a derogar el nuevo registro de viajeros y a elaborar una normativa de consenso. Esta regulación obliga a empresas de alojamiento y alquiler de vehículos a cumplir unas exigencias de registro documental que los populares consideran inasumibles, y crea inseguridad jurídica, desventaja competitiva, carga administrativa desproporcionada, y vulnera el derecho a la intimidad y privacidad de los usuarios.
El portavoz del PP en el Consell, Joan Pons, ha denunciado: "el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un registro que vulnera los derechos fundamentales a la intimidad y la privacidad de las personas, exigiendo la recopilación de hasta 30 datos por reserva de alojamiento y hasta 60 en el caso de alquiler de vehículos".
De la misma forma, ha defendido que esta normativa "genera graves problemas operativos y económicos, porque no tiene en cuenta la realidad del sector y obliga a los negocios a hacer frente a una carga administrativa y tecnológica excesiva", algo que Pons considera que perjudica especialmente a aquellas empresas más pequeñas, que disponen de menos recursos para asumir nuevos costes y requerimientos legales: "los empresarios ya tienen suficiente burocracia en su día a día, y lo que debemos hacer es dejarlos trabajar y no hundirlos con más papeleo".
Pons ha recordado que la normativa ha sido impuesta sin diálogo y sin asesoramiento a las empresas afectadas. La propuesta de acuerdo ha salido adelante con el voto a favor de VOX, la abstención de Més per Menorca y el voto en contra del PSOE.
