Los ecologistas recuerdan que la reforma integral fue sometida el pasado 3 de marzo de 2020 a la comisión de Medio Ambiente del Govern que la aprobó, pero con una serie de condiciones que según el Gob no aparecen en el proyecto constructivo licitado.
Uno de estos es la obligatoriedad de habilitar unos espacios de canales de recogida y sistemas de garantía para los materiales tóxicos de las dos zonas de varada proyectadas. El Gob entiende que en el documento oficial "no se observa que cuenten con estos sistemas de control de contaminantes".
El proyecto también prevé que los líquidos capturados en la rampa se viertan al puerto después de pasar por unos decantadores y separadores. Esta actividad requiere de la autorización del servicio de costas y litoral, que no aparece en la documentación expuesta.
Además, en esta zona se había proyectado una zona de aparcamiento para vehículos y remolques, aunque la entidad proteccionista advierte: "se contradice con la calificación de zona verde del planeamiento municipal y requiere una modificación urbanística que respete las superficies verdes para ser viable".
Por otro lado, la comisión de Medio Ambiente también dictaminó la obligatoriedad de caracterizar más ampliamente la zona de dragado y evaluar las alternativas de gestión de los sedimentos.
"Una de las estaciones de muestreo rebela la presencia de cobre y carbón orgánico. No se puede tirar adelante la obra sin saber los niveles de contaminantes ni la destinación concreta de cada metro cúbico dragado", afirman en el comunicado.
Finalmente, denuncian que el proyecto no recoge las balizas ecológicas que deben marcar los canales de navegación, así como la previsión de aumento en 77 puntos de amarre.
