El PP presentará en las instituciones de Menorca una moción para solicitar al Gobierno más medios para dar cumplimiento a la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Los populares consideran que se trata de una norma legal con un entramado complejo, que incluye nuevas obligaciones, prohibiciones y sanciones para los propietarios de los animales y las administraciones públicas, que lejos de conseguir la protección, generan el efecto contrario.
Cristóbal Marqués, senador y secretario general del PP Menorca, señala que "en los últimos meses, se ha producido un aumento de abandonos de perros y gatos en nuestras islas y las adopciones han caído a niveles nunca vistos; hechos atribuibles, entre otras causas, a la falta de concreción y desarrollo que el Gobierno de España ha hecho de esta nueva norma, que se ha traducido en un profundo desconocimiento y en una gran incertidumbre sobre las nuevas responsabilidades". Además, recalca también que "la ley impone nuevas obligaciones a las instituciones municipales, que supondrán un incremento muy considerable de su gasto, pero sin aportar ningún tipo de ayuda ni más medios".
La ley obliga a los ayuntamientos a identificar y esterilizar a todos los gatos antes de los seis meses, con el objetivo de controlar las colonias comunitarias y reducir de forma progresiva su población. En paralelo, deben llevar a cabo un censo y programas de desparasitación o vacunación. Marqués ha añadido que "apoyamos firmemente la necesidad de una Ley de Bienestar Animal, pero esta debe ser realista y factible para las instituciones que tienen la responsabilidad de aplicarla y entendible para los ciudadanos. Es crucial que el Gobierno de España asuma parte de la responsabilidad y provea el asesoramiento y los recursos necesarios para su correcta implementación, ya que resulta casi imposible entender y cumplir con todas estas nuevas exigencias".
Por todo ello, el PP instará al Gobierno a asignar un fondo en los Presupuestos Generales del Estado de 2024 para las entidades locales, así como a desarrollar el reglamento de esta ley con la participación activa de los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
