El Parlament balear ha aprobado la proposición de ley Reserva de la Biosfera, que entre otras cuestiones otorga la potestad al Consell de Menorca de limitar el acceso de vehículos motorizados a la isla durante los meses de temporada alta. La proposición ha salido adelante gracias a los grupos del Pacte y Més per Menorca. Por su parte, PP, Ciudadanos, Vox y el PI han emitido un voto contrario. La ley también contempla gestionar desde Menorca los recursos hídricos, promover políticas conservacionistas, apostar por la implantación de las energías renovables, proteger el medio marino o limitar el acceso de personas a puntos de interés turístico y patrimonial.Además, la ley estará dotada con 5 millones de euros anuales de financiación, el 75% de los cuales aportados por el Govern Balear.
El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, se ha atribuido el liderazgo de la ley y ha recordado las dificultades del proceso: “no estaba claro que esta ley llegara a su tramitación y se ha conseguido”, y ha añadido: “es una norma muy innovadora que otorga a Menorca instrumentos para llevar a cabo políticas en campos especiales como la preservación, el uso racional de los recursos y la gestión del litoral”. La diputada del PSIB-PSOE Pilar Carbonero ha afirmado que ley “consolida un modelo menorquín de sociedad y de ordenación territorial” y ha criticado el posicionamiento contrario del PP: “se ha evidenciado que su falta de apoyo es porque defienden un modelo opuesto, priorizando la economía por encima de la sostenibilidad, curioso cuando en Ibiza este mismo partido pide la limitación de vehículos”. El diputado de UP, Pablo Jiménez, ha reiterado “la importancia de la equidad social, la preservación ambiental y la actividad económica equilibrada”, y ha enfatizado las posibilidades de la ley para reducir el impacto del turismo: “La ley pretende diversificar una economía dedicada mayoritariamente al sector servicios, cuando tenemos otros recursos que dan valor añadido".
El diputado del PP, Juan Manuel Lafuente, ha advertido que la financiación no está garantizada y es “insuficiente” para afrontar los retos de futuro. También ha denunciado la “creación de seis nuevos organismos y obliga al Consell a desplegar diez planes, es un desastre para los intereses menorquines y no es innovadora”. El diputado de Cs, Jesús Méndez, ha acusado al Consell de Menorca de querer “legislar a golpe de prohibiciones y el decrecimiento económico de sus habitantes”. La diputada de Vox Idoia Ribas ha anunciado que derogarán la ley si gobiernan y ha arremetido contra los partidos de izquierda: “los derechos son para las personas, no para las piedras”, y ha proseguido su discurso: “la ley provocará más sensación de saturación y estrangulará el sector turístico”.
Antes del debate de la proposición de ley en sí, el pleno ha rechazado la propuesta del grupo popular de solicitar un dictamen al Consell Consultiu sobre esta norma para darle seguridad jurídica, con los votos en contra de los grupos del Pacte y de MÉS per Menorca, y a favor del PP, Ciudadanos, Vox y el Pi. El diputado popular Juan Manuel Lafuente ha asegurado que la ley requería pedir consejo al Consell Consultiu por su complejidad, sobre todo en materia de competencias y porque aborda cuestiones urbanísticas que considera que deberían establecerse por medio del Plan Territorial Insular que es competencia del Consell y que requiere informes técnicos.
