Viajes del Presidente, actos de solidaridad por toda España y Europa, anuncios constantes de ayudas directas, construcción de nuevas viviendas o debates sobre si algunas zonas son seguras, como Puerto Naos, para la habitabilidad por culpa de los gases. La Palma vivió un drama sin precedentes durante la erupción volcánica de Cumbre Vieja, drama que se ve acrecentado mucho tiempo después por cuestiones insólitas que nadie logra explicar. Hace más de un año contamos en La Brújula como los bancos seguían cobrando hipotecas a los afectados que habían perdido sus viviendas sepultadas por las coladas de lava a la vez que los seguros sobre esas viviendas tenían el valor de la nada ya que la mayoría de las aseguradores habían dejado en la estacada a sus clientes aferrándose de tecnicismos de la llamda 'letra pequeña'
Se anunció una vez conocida la situación que las entidades bancarias harían excepciones y estudiarían caso por caso pudiendo llegar a la liquidación de esas hipotecas por causa mayor. Los bancos decían que no sabían como hacerlo pero que buscarían la fórmula. Pasado el tiempo, lo único que han puesto encima de la mesa son pequeñas moratorias de apenas 6 meses hasta volver a intentar cobrar lo recibos de los pagos de la hipotecas.
Esta circunstancia ha sido confirmada en Onda Cero por el portavoz de Plataforma de Afectados por el Volcán, Juan Morín, en una entrevista en el programa Canarias En La Onda en la que dicen sentirse completamente desamparados ante estas y otras circunstancias de tipo económico y administrativo.
Por ello han comenzado una campaña jutno con otras organizaciones de afectados para que Canarias tenga una Ley de Volcanes específica. Para que esta iniciativa popular se convierta en texto legislativo, es decir, que al menos llegue al pleno del Parlamento para ser debatida, hay que recoger 15.000 firmas.
La ley pretende garantizar, tambièn con carácter retoractivo para este caso, a la poblaciñon afectada por erupciones una serie de derechos para una recuperación socioeconómica justa y razonablemente rápida, que ahora no están asegurados por existir un vacío legal y una legislación que los promotores consideran inadecuada.
Se persigue garantizar por ley el derecho a volver al mismo lugar, dentro de los posible, y a recibir compensaciones por el valor que tenían los bienes perdidos antes de la erupción, así como mantener la concdición jurídica de afcetado hasta que se logre de manera efectiva esa recuperación socioeconómica.
