El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado remitir un requerimiento al Gobierno central en el que le avisa de una "acumulación de incumplimientos" en cuanto a la gestión y atención de los menores migrantes no acompañados.
El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, aseguró que desde el archipiélago se entiende que "no se están contemplando todos los aspectos legales" que le corresponden al Estado.
Así, el Gobierno canario da un plazo de 30 días al Estado para que presente sus alegaciones y una vez finalice ejercerá las acciones legales y judiciales que entiendan "adecuadas" los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para que el Estado asuma sus competencias en relación con los menores extranjeros no acompañados. "Son su responsabilidad y están obligados a ocuparse", ha explicado.
En ese requerimiento, ha detallado Cabello, se recoge un informe jurídico de marzo de 2022, elaborado por el Gobierno que presidía el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el que ya se advertía, en el contexto de una Conferencia Sectorial de Infancia, de que el hecho de que la competencia sobre los menores migrantes fuera autonómica era un asunto que se debía "dirimir" y, por tanto, era una competencia susceptible de ser recurrida.
Así, el Gobierno canario sigue manteniendo que mientras los menores no sean documentados "tienen que ser responsabilidad del Estado" pues "la primera guardia y custodia" es de los operarios de Salvamento Marítimo hasta que son puestos a disposición de las ONG en los centros.
Cabello ha dicho también que la Consejería de Bienestar Social va a presentar sendos recursos ante unas resoluciones de la Fiscalía de este pasado fin de semana en las que se dan órdenes para acoger a los menores "con unos centros que tienen sus capacidades ampliamente sobrepasadas".
En lo que va de mes han llegado a Canarias 586 menores migrantes no acompañados
No obstante, ha precisado que todos los menores que llegan a las islas están siendo atendidos "sin ninguna duda" y ha vuelto a insistir en que el protocolo de menores de Canarias, suspendido de forma cautelar por el TSJC, trata de "clarificar" la acogida.
"En ningún caso se trata de poner palos en la rueda a ninguna administración pública", ha apuntado, remarcando que el problema estribaba en que "los menores estaban siendo entregados sin que se dieran las condiciones mínimas en cuanto a información y garantizar los derechos del menor, que deben estar por encima de cualquier otra cosa".
En ese sentido ha apuntado que el "simple hecho" de la discusión respecto del protocolo del Gobierno de Canarias "ha hecho que de facto las condiciones en las que se van recibiendo hayan ido mejorando" pues en algunas ocasiones no se remitía fotografía o venían menores con el mismo nombre repetido.
Ha relatado igualmente que "Canarias hace muchos meses que está sufriendo en solitario la presión de la crisis migratoria continental" y frente a la búsqueda soluciones, se sigue inmersos "en la anécdota", ironizando, en este aspecto, con que el Estado ha dado por saturada su red de asilo para refugiados y la Fiscalía no ha tenido la "misma celeridad" que con el archipiélago.
El Gobierno rechaza que la cuestión de los menore se convierta en un arma política
"Yo creo que, de verdad, lo que debemos de hacer es alejar de la crispación política y de las publicaciones en Facebook, por ejemplo, del delegado del Gobierno este fin de semana y empezar a ver y trabajar sobre la solución del problema como vuelve a ser la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería", ha indicado en referencia a las críticas de Anselmo Pestana sobre menores durmiendo en los CATE de Fuerteventura y Lanzarote.
Según el portavoz, se está asistiendo "a una escenificación de una discrepancia en la que hay cierto grado de juego político, a ver quién empuja al otro a tener más o menos razón, pero seguimos sin entrar y abordar el fondo" cuando en Canarias se dan situaciones "muy complejas", como más de 1.000 menores de Malí que tienen derecho a refugio internacional.
Además ha vuelto a reprochar al Gobierno central que no pone "ni un euro" para la atención de los menores cuando la UE, a través de la visita del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha anunciado una línea especial de 14 millones.
Cuestionado por el papel de la Policía Canaria en los traslados de menores desde El Hierro ha indicado que "puede haber habido ahí alguna pequeña confusión" pero ha asegurado que todos los requerimientos de la Fiscalía "están siendo atendidos en tiempo y forma".
"Lo importante en la isla de El Hierro no es si quien trae a los niños y a las niñas es el Cuerpo General o la Policía Nacional. Lo importante es, ¿los estamos llevando a unos centros donde tienen capacidad para atenderlos o no?, ¿estamos obligando a unos centros a acoger a unos menores que no tienen capacidad?", se ha preguntado.
