El Gobierno de Canarias remite con carácter de urgencia al Consejo Consultivo de Canarias del anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para que emita el correspondiente informe, como paso siguiente en su tramitación.
Una vez que este órgano emita el preceptivo dictamen, que "no es vinculante", según Jessica de León, Consejera de Turismo del Ejecutivo canario, el propio Gobierno recogerá las correspondientes observaciones para posteriormente aprobar el anteproyecto de ley en una nueva sesión, antes de su remisión al Parlamento como proyecto de Ley.
La Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, indicó, aportará un marco normativo para regular el alquiler vacacional en Canarias. En este sentido, expuso que frente a la situación actual, cuando la norma entre en vigor "no podrá implantarse ninguna vivienda vacacional más si el planeamiento urbanístico no habilita expresamente ese uso, al menos durante los próximos cinco años".
Por ello, apuntó que se trata de una decisión que deberá decidirse por cada uno de los plenos municipales de los 88 ayuntamientos de Canarias, "previa información pública, de manera motivada y acorde a criterios de sostenibilidad".
La futura Ley contempla una reserva adecuada para el uso residencial propio de las viviendas para "hacer efectivo el derecho de toda" la ciudadanía canaria a una vivienda "digna y a precios asequibles". Asimismo dijo que "se garantiza la apropiada integración" de las viviendas vacacionales en los entornos residenciales, "priorizando la calidad de vida de los residentes por encima de todo".
Por otro lado, expuso que para iniciar la actividad se mantiene la declaración responsable pero "acompañada de documentación técnica y complementaria que garantice las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad, técnicas, de actividades clasificadas, sectoriales y turísticas". Agregó que el texto "no innova en materia de actividad clasificada, el propio decreto 113/2015 así lo recuerda".
El anteproyecto autonómico incorpora también la posibilidad de que los pequeños propietarios que actualmente explotan su vivienda de manera legal, cumpliendo el decreto vigente, "puedan seguir ejerciendo su actividad de manera indefinida cuando entre en vigor la nueva norma, aunque no será transmisible".
En el supuesto de los explotadores no propietarios, se establece la posibilidad de continuar por un periodo inicial de cinco años, prorrogable hasta otros cinco o bien, veinte años.
La ley impide, en teoría, que se destinen edificios completos a Vv
Por otra parte, el nuevo marco legislativo impedirá la implantación de edificios completos dedicados al alquiler vacacional en parcelas de uso residencial. Asimismo el texto excluye la posibilidad de que las nuevas viviendas que se incorporen al mercado puedan destinarse al uso turístico en los próximos diez años desde su terminación, garantizando de esta manera su destino residencial.
De León aseguró que la norma persigue, ante todo, "mejorar" la calidad de vida de los residentes y que la implantación de las viviendas vacacionales "no afecte ni perjudique" a la ciudadanía. También anunció que a partir de este martes se habilitará una página web con información completa sobre los principales aspectos de la nueva regulación 👉 leycanariadeviviendavacacional.com).
Los municipios deciden cuantas Vv permiten en su territorio
En cuanto a qué es lo que tienen que acreditar los municipios, De León explicó que deben detallar en un estudio la capacidad de carga de los servicios que está prestándose a la población, que los mismos "no están colapsados y que, por tanto, tienen capacidad para soportar a una población flotante que recae en las viviendas vacacionales en forma de turistas y visitantes".
Añadió que debe ser un estudio de capacidad de carga donde se evalúen desde la vivienda, el agua, la afección al urbanismo, el medio ambiente, en definitiva. En definitiva, "evaluar y justificar" que la población residente tiene "calidad de vida en los municipios donde se pretende desarrollar esa actividad".
De León, por último, indicó que cuando llegaron al Gobierno canario, hace más de un año, había unas 54.000 licencias de vivienda vacacional y en estos momentos hay unas 64.000 declaraciones responsables pero en comercialización "sólo hay 48.000, es decir, hay un gap entre los propietarios que solicitan la declaración responsable y luego no" ejercen la actividad.
Finalmente, la consejera regional de Turismo quiso agradecer el "esfuerzo", tanto de la FECAI como de la FECAM para "conseguir el mejor texto posible".
Descartada la 'tasa turística'
La consejera descarta el impuesto turístico porque repercutiría en los residentes del archipiélago y señaló que el Ejecutivo regional "no" quiere subir los impuestos a la clase media trabajadora de las islas.
De León así lo ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario, donde ha señalado que ha informado de que con el impuesto turístico "no es posible exceptuar a los residentes en Canarias" del mismo.
En este sentido, incidió en que el Gobierno de Canarias "ha sido claro y no" quiere subir los impuestos a la clase media trabajadora del archipiélago y "mucho menos porque haga turismo" en las islas.
La consejera regional de Turismo apuntó que además "hay distintas sentencias del Constitucional que así lo avalan" e "intentos de esta comunidad autónoma de sancionar" a los residentes en Canarias a través de "distintos tributos que pretendían impulsar esta comunidad autónoma donde el Constitucional fue claro y dijo que los canarios también tenían que pagar ese impuesto turístico".
A ello, agregó, que en todas las mesas que se ha tenido sobre el reto demográfico y fiscalidad, "ninguno" de los expertos propuso esa medida como una acción que tuviese que impulsarse en Canarias y en el trámite de participación.
De todos modos, consideró que se puede "avanzar mucho" en ecotasas impuestas y que "reviertan directamente" en los espacios naturales protegidos, así como en los entornos, si bien consideró que impulsar ese impuesto turístico a las estancias en Canarias, que "pagarán, sin ninguna duda, los canarios", implicaría "subir los impuestos a los canarios, además perjudicando precisamente a las islas no capitalinas" y a "las Islas Verdes, cuyo principal mercado emisor son los canarios"
Añadió que este impuesto "no sería finalista, que es otra de las cuestiones que defendía Nueva Canarias y el Partido Socialista", ya que dijo que como en otras comunidades autónomas "esto va a una bolsa común que nada tenía que ver con lo que inspiró esa ley, con el reflejo en lo que se ha ido ejecutando".
