Agentes de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se han incautado de 252 kilos de alimentos en mal estado en la sede de una organización social que repartía como ayuda los productos entre vecinos del barrio del Distrito de Ciudad Alta, motivo por el que la asociación ha sido denunciada.
Estos hechos se produjeron en la primera semana de marzo, después de que la Policía Local tuviera conocimiento de que una asociación benéfica del barrio del Distrito Ciudad Alta se estaban entregando a los vecinos alimentos que "superaban ampliamente la fecha de caducidad", según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.
Por este motivo, agentes de la UMEC realizaron una vigilancia sobre la actividad de esta asociación, comprobando durante una de las jornadas de entrega de alimentos que varias personas estaban recibiendo comida en mal estado, en concreto, embutidos con moho o bandejas con pescado que se estaban infladas por no mantener la temperatura de congelación.
Posteriormente los agentes llevaron a cabo un registro en la sede de la asociación donde comprobaron que el almacén no tenía contratado suministro de luz, por lo que los alimentos que debían conservarse en frío, tales como carnes, pescados, embutidos, alimentos preelaborados o yogures, se guardaban en neveras apagadas o directamente en estanterías y cajas.
El almacén presentaba un estado de higiene deficiente y no reunía ninguna de las características sanitarias obligatorias para la conservación de alimentos ya que también era empleado para almacenar materiales residuales procedentes de otras actividades
Por todo ello, la Policía Local ha incautado todos los productos alimenticios que tenían ampliamente superada la fecha de caducidad y los que no habían mantenido la cadena de frío, lo que asciende a un total de 252 kilos de alimentos que fueron trasladados hasta un gestor autorizado para su inmediata destrucción.
La UMEC de la Policía Local también ha denunciado ante la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias a la asociación responsable de la entrega de los alimentos y ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal por si existiera responsabilidad penal por un delito contra la salud pública.
