Arranca el proceso por el cual el Gobierno de Canarias aprobará en unos meses una ley que regulará el llamado alquiler vacacional por encima de los reglamentos municipales que dejaban en manos de los ayuntamientos la autorización administrativa para operar en este mercado emergente. El Consejo de Gobierno aprobó esta semana el Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de viviendas anunciado por la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León hace unas semanas. La intención del ejecutivo canario es que la norma entre en vigor antes del verano de 2024.
Se pondrá en marcha desde este 27 de octubre en el Cabildo de Lanzarote una consulta pública que se moverá a otras islas y que, según el Gobierno tiene como intención pulsar las inquietudes de todos los sectores implicados.
Los datos
Canarias tiene autorizadas a día de hoy unas 46.486 viviendas vacacionales que en números concretos supone unas 190.000 "camas" si es que utilizamos la medida clásica hotelera. El anterior gobierno liderado por el partido socialista con Nueva Canarias, Podemos y ASG en una colaición fijó el máximo en 700.000 plazas en total destinadas a la actividad turística de las que casi un 90% son plazas en hoteles y establecimientos extrahoteleros lo que nos da una idea de la posible saturación del mercado en la oferta. El caso es que esta oferta no solo está cubierta si no que genera una gradísima demanda en la que entra en juego el sector de las viviendas vacacionales.
Que es una vivienda vacacional y quien la demanda
Una vivienda vacacional es una propiedad que se alquila por períodos cortos, generalmente de unos días a varias semanas, con el propósito de ser utilizada como lugar de alojamiento temporal para turistas o viajeros. Y aquí llegamos al teletrabajador europeo más conocido popularmente como nómada digital. Este tipo de turista no demanda una vivienda con unas condiciones de habitabilidad muy elevadas. Próxima a la playa y con conexión a internet. Le es indiferente el resto de características y está dispuesto a pagar alquileres que rondan los 1.000 euros por un apartamento de no más de unos 30 o 35 m2 cuyadrados.
Esas segundas viviendas en zonas turísticas o en barrios completamente gentrificados son el escenario perfecto para pasar de 500 o 600 euros de alquiler por vivienda residencial a más de 1.000 por el vacacional. Y aquí llegamos al problema: no hay vivienda disponible para alquiler y una familia de ingresos medios no puede acceder a la compra.
El marco legal actual
El alquiler vacacional esta actualmente regulado por un reglamento (Decreto 113/2015). Este reglamento no establece límites cuantitativos ni cualitativos. Adeje o Arona en Tenerife o Mogán y San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria han eliminado casi completamente el alquiler tradicional en favor del vacacional. Pero no solo estamos hablando de lugares puramente turísticos. El alquiler vacacional se impone en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria y no en zonas, por llamarlas de alguna manera, de alto poder adquisitivo. Barrios humildes como Ofra y la Isleta o incluso Guanarteme han expulsado a sus vecinos de toda la vida con ofertas de alquoler completamente imposibles para sus residentes.
Que dicen los propietarios
La asociación de propietarios de este tipo de viviendas entienden que se está tratando de prohibir la actividad tal y como ellos interpretan que se ha hecho en Baleares. Son cautos de momentos hasta conocer el texto pero esperan ser llamados en las rondas de consltas que se realizarán en torno a la cofección del texto de la nueva ley.
