Los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Canarias registraron a 31 de diciembre de 2023 la tasa más alta del país de demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, como sucede de forma ininterrumpida desde diciembre de 2019, según recogen los datos del servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según el informe difundido, entre enero y diciembre de 2023 los juzgados civiles del archipiélago computaron un total de 5.473 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, un 1,4% más que en 2022 (5.398).
Ello supone una tasa de 247,3 rupturas de matrimonio por cada 100.000 habitantes, la más alta de España en el periodo de referencia y la segunda fue la de la comunidad de Baleares (219,9), y la tercera, Murcia (204,3). La media nacional fue de 192,1 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes, es decir, 55,2 puntos por debajo de la media canaria. Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en País Vasco, con 157,1; Castilla y León, con 158,2 y Madrid, con 160,9. Por provincias, fue mayor el número de rupturas matrimoniales judicializadas en Las Palmas (2.754) que en Santa Cruz de Tenerife (2.719).
Así está el panorama en toda España
A nivel nacional las demandas han presentado una disminución que, en conjunto, se ha situado en el 3 por ciento respecto a las registradas en 2022. Si bien la reducción afecta a todos los tipos de demanda, las cifras varían de unas a otras: en 2023 se registraron 52.803 divorcios consensuados, un 4,2 por ciento menos que el año anterior; los divorcios no consensuados, 36.082, apenas variaron, siendo la reducción del 0,5 por ciento; las separaciones consensuadas, 2.369, bajaron un 8,2 % y las separaciones no consensuadas, 1.039, un 11,5 por ciento.
Además, las nulidades pasaron de ser 65 en 2022 a 50 en 2023 y poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2023, el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 192,1. Las tasas más altas, por encima de la media nacional, se dieron en Canarias, con 247,3 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes; Comunidad Valenciana, con 223,1; Baleares, con 213,9; Murcia, con 204,3; Andalucía, con 198,9; Castilla-La Mancha, con 195,7 y Cataluña, con 194,9. Por el contrario, las tasas más bajas, se dieron en el País Vasco, con 157,3 demandas por cada 100.000 habitantes; Castilla y León, con 158,2; Madrid, con 160,9; Extremadura, con 179,4 y Cantabria, con 184,7.
En 2023 se presentaron 12.485 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 1,6 por ciento menos que en el año anterior y también se redujo el número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, que alcanzaron la cifra de 31.548, un 2,2 por ciento inferior al dato de 2022. Por el contrario, las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 22.273, cifra que representa un ligero incremento, situado en el 0,9 por ciento, y las no consensuadas, que sumaron 27.280, aumentaron un 3,1 por ciento respecto a 2022.
Datos del cuarto trimestre de 2023
En el cuarto trimestre de 2023, el número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios, se redujo en un 1,4 por ciento respecto al mismo trimestre de 2022. Entre octubre y diciembre del pasado año, solo las demandas de divorcio no consensuado experimentaron un incremento interanual. Así, se presentaron 10.337 demandas de divorcio no consensuado, dato que supone un aumento del 1,1 por ciento. Sin embargo, las 14.453 demandas de divorcio consensuado representan un 2,1 por ciento menos que en el cuarto trimestre de 2022.
Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas (609) se redujeron en un 13,5 % y las no consensuadas (274), 19,9 por ciento. En el trimestre analizado se registraron 12 demandas de nulidad, tres menos que las d el cuarto trimestre de 2022, cuando sumaron 15. Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2023, se ve que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 66,7; Murcia, con 65,8; Comunidad Valenciana, con 62,7; Asturias, con 61,6 y Cantabria, con 61,5.
En todos esos territorios se superó la media nacional, que fue de 53,4 demandas por cada 100.000 habitantes. Los valores más bajos se registraron en el País Vasco, con 40,6; Madrid, con 43,7 y Castilla y León, con 43,9. En este periodo del año se presentaron 3.451 demandas de modificación de medidas consensuadas, apenas un 1% más que un año antes. El número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, 8.638, supone una disminución interanual del 2,3 por ciento. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 6.025, han tenido un incremento interanual del 3,4 por ciento, mientras que las no consensuadas, 7.401, han mostrado un aumento del 1,4 por ciento.
