El director general de Políticas Sociales, Julio Soto, explica a Onda Cero que se trata de avanzar hacia un modelo de atención más personalizado y favorecer un ambiente lo más parecido a un hogar. Dentro de seis meses, los centros residenciales nuevos que se construyan tendrán que ser de no más de 120 usuarios y deberán que estructurarse en módulos de convivencia de 30 personas como máximo.
Como novedad, la zona residencial deberá constituirse en módulos con un máximo de 30 personas usuarias, en los que se ubicarán los espacios más privados -los dormitorios y cuartos de baño-. Esta zona deberá estar dotada también de espacios reservados a salas de estar comunes y comedor.
El hecho de que el centro esté dividido en módulos de convivencia facilita la sectorización de las residencias y la prevención de la expansión de riesgos para la salud de los usuarios y de los trabajadores.
Una limitación que no deberán cumplir las residencias que ya hay en Cantabria pero que podrán realizar obras para estructurarse en módulos de 30 personas con cargo a fondos europeos. Julio Soto avanza a ‘Noticias Mediodía Cantabria’ que han pedido destinar 5 millones de euros de los fondos europeos para que estos centros puedan hacer obras y adaptarse a la nueva normativa, aunque no están obligados a hacerlo.
Así se recoge en la nueva Orden que regula los requisitos estructurales, funcionales y de acreditación de los centros de Servicios Sociales que ha aprobado la Consejería de Empleo y Políticas Sociales. Nueva normativa que no afectará, por ejemplo, a la residencia La Pereda de Santander. Se trata una orden novedosa en España en cuanto a limitar el número de usuarios. Solo se aplica este tipo de restricción en Navarra y País Vasco.
