En un auto que ha sido notificado recientemente, el juez acuerda la apertura de juicio oral tras haber recibido los escritos de calificación del ministerio fiscal y de la acusación particular.
Según recoge la resolución, el ministerio público considera al acusado autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, por lo que solicita una condena de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación profesional.
Además, fija en 140.000 euros la indemnización que, a su juicio, deben recibir los familiares de la joven.
Por su parte, la acusación particular, que ejerce la familia de la fallecida, duplica la pena solicitada: cuatro años y medio de cárcel, y eleva la indemnización a 300.000 euros.
Por otro lado, el auto requiere al acusado para que preste fianza de 140.000 euros, con el fin de asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias en que haya podido incurrir.
Una vez que se ha abierto juicio oral, se emplaza a la representación legal del investigado para que presente su escrito de defensa, paso previo antes de que el asunto se envíe a los juzgados de lo penal para su enjuiciamiento.
