Según han informado a Efe fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucción número 3, en funciones de guardia, ha recibido ya la denuncia de una operadora de cámara de televisión.
Las mismas fuentes han explicado que el procedimiento se tramitará por un delito leve y que se tendrá que investigar para determinar si termina bien en juicio o bien en un archivo.
Además, otro periodista que cubría el acto, Óscar Allende (del digital El Faradio), ha dicho a Efe que el jueves tiene previsto presentar una denuncia por los incidentes que, según explica, se produjeron antes y después del acto de Pablo Iglesias.
Este periodista habla de amenazas, insultos, y actitudes intimidatorias por parte de algunas personas que estaban protestando, que, según su relato, sufrieron él y otros informadores y personas que acudieron al acto.
Las fuentes consultadas por Efe añaden que no se descarta que se presente alguna denuncia más, que podría llegar también de los manifestantes que, ondeando banderas de España, protestaban por la presencia de Pablo Iglesias en Santander.
El Juzgado de Instrucción número 3 ya abrió unas diligencias por los hechos ocurridos en este acto a raíz de un atestado que se recibió de la Policía Local de Santander, pero se archivaron porque no se formalizó ninguna denuncia.
En un comunicado, remitido ayer, Podemos anunciaba su intención de elevar una queja a la Delegación del Gobierno en Cantabria porque, a su juicio, hubo "inacción" de la Policía Nacional.
Fuentes de la Delegación del Gobierno han explicado a Efe que las personas que se concentraron ante el Palacio de Festivales no lo comunicaron a este órgano, algo que es preceptivo.
La formación morada ha señalado hoy que denunciará lo sucedido en la Delegación del Gobierno, al amparo de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como "ley mordaza").
Podemos quiere que se ordenen las actuaciones necesarias para identificar a las personas responsables de estos hechos, el día en que Pablo Iglesias intervino en un acto del partido para presentar el proyecto "Arronti Cantabria".
Esta formación entiende que los hechos ocurridos constituyen una reunión no comunicada y que podrían suponer una infracción grave "por perturbar la seguridad ciudadana en un acto público", y añade que la ley lo castiga con multa de 601 a 30.000 euros.
