Las viviendas de uso turístico ilegales de Cantabria podrán ser sancionadas con hasta 75.000 euros, según recoge la nueva Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la comunidad autónoma para 2025.
En un comunicado, el Gobierno de Cantabria (PP) ha recordado que la también conocida como 'ley de acompañamiento', aprobada el pasado día 20 junto a los Presupuestos regionales y que entra en vigor este miércoles, incrementa en un 150 por ciento las sanciones pecuniarias previstas en la Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria.
Tras la entrada en vigor de la norma, las infracciones leves implicarán multa de entre 250 y 1.500 euros; las graves, de entre 1.501 y 15.000 euros, y las infracciones muy graves conllevarán multa de entre 15.001 y 75.000 euros.
La principal infracción clasificada como muy grave es la oferta y/o realización de una actividad turística sin haber presentado la declaración responsable o sin haber obtenido la autorización administrativa.
También será infracción muy grave si, aun habiendo presentado dicha declaración, existieran inexactitudes, falsedades u omisiones de carácter esencial en la misma o en la documentación que se acompañe. Del mismo modo, será infracción muy grave el incumplimiento sustancial de la normativa sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos, por ejemplo, en materia de instalaciones de protección contra incendios. Esto es existencia de vías de evacuación, extintores y correcta ubicación, mantenimiento, señalización, etc.
Serán objeto de regulación las actividades de alojamiento hotelero y extra hotelero, incluidas las viviendas de uso turístico, las empresas turísticas dedicadas a la intermediación turística y al turismo activo, la restauración y, también, las áreas de servicio para autocaravanas. Con esta nueva norma, el Gobierno recoge dos de las exigencias más importantes para el sector en la lucha contra las viviendas de uso turístico ilegales: aumentarán las sanciones y también los inspectores.
"Sanciones más altas y más inspectores son medidas que dejan claro el interés que tiene este Gobierno por poner fin al problema de las viviendas de uso turístico que funcionan fuera de la ley, medidas disuasorias para que cualquier persona que pretenda escapar de la legalidad se lo piense dos veces porque vamos a ser inflexibles en ese terreno", ha indicado el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad.
Según ha indicado, son medidas que "demuestran además la sintonía entre el Gobierno y el sector ya que tanto el aumento del número de inspectores como la imposición de sanciones más elevadas eran dos de las peticiones que nos han trasladado desde el principio".
