El Gobierno de Cantabria va a estudiar y analizar todos los elementos y factores que se dieron este domingo, 8 de diciembre, en el rescate de un surfista madrileño de 30 años en Suances, en una jornada en la que el litoral regional estaba en alerta naranja, para determinar si hubo alguna conducta negligente o de riesgo y determinar en ese caso si procede imponer algún tipo de cobro por la intervención, en la que participó un amplio equipo.
"Podría ser un supuesto de cobro de tasa", ha apuntado a Europa Press la directora general de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escobedo, quien ha explicado que el Ejecutivo va a valorar la apertura de un expediente.
Para ello, se va a iniciar una instrucción previa a partir del informe de actuación, para que los técnicos indiquen si hubo alguna imprudencia por parte del deportista, que quedó atrapado en las rocas de Punta Ballota, supuesto en el que los jurídicos determinarán después si la misma tiene encaje en la ley de tasas, y proceder así al cobro que corresponda al implicado.
Amplio dispositivo de rescate
De su situación alertó otro surfista, que consiguió salir del agua, y el Centro de Atención a Emergencias del 112 Cantabria movilizó hasta el lugar al helicóptero del Gobierno regional, Policía Local, bomberos de Torrelavega, Guardia Civil y los equipos de intervención terrestre de Protección Civil del Ejecutivo autonómico.
Ante la imposibilidad de realizar el rescate el helicóptero regional, se movilizó al de Salvamento Marítimo. Finalmente, los bomberos, con ayuda de una cuerda, consiguieron sacar al afectado hasta una lastra de rocas fuera de la influencia de las olas.
Posteriormente, con la colaboración de todos los recursos movilizados, fue subido hasta la parte superior del acantilado. A este grupo se unieron también el rescatador y el médico de la aeronave.
Analizar la situación
Quevedo ha indicado a esta agencia que hay que valorar si entrar en el mar en medio de una alerta naranja a hacer surf (deporte que para su práctica requiere unas condiciones de oleaje determinadas) supone una conducta de riesgo o negligencia prevista en la ley.
Así, para determinar este extremo, se va a abrir una instrucción previa y, en su caso, un expediente que desemboque en el cobro de la tasa que proceda.
La directora de Seguridad ha aclarado en cualquier caso que "el espíritu que mueve" a este servicio público no es "recaudatorio", sino buscar y rescatar a personas que se encuentren en situación de riesgo, con independencia del lugar y circunstancias del suceso. "Estamos para estas cosas", ha zanjado.
Ahora bien, ha apuntado que la idea del Gobierno es sustituir el sistema actual de tasas por uno de régimen sancionador, para poder objetivar conductas negligentes.
