La Audiencia Provincial de Cantabria inicia este jueves el juicio por el 'caso de los sobresueldos' del Ayuntamiento de Castro Urdiales, en el que hay 14 acusados entre los que figuran los dos exalcaldes que gobernaron de 1991 a 2011: Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, que se enfrentan a nueve años de prisión por delitos continuados de malversación de fondos públicos y prevaricación.
El juicio arrancará a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia y está previsto que se prolongue a lo largo de 16 jornadas, hasta terminar el 19 de diciembre con las conclusiones e informes.
También están imputados nueve exconcejales por aprobar en 2008 y 2009 los presupuestos municipales levantando los reparos del interventor que advertían de distintos pagos ilegales: José Miguel Rodríguez 'KyK', Elisa Dopico, Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Agapito Pastor, Agustín Fernández e Iván González, que también fue alcalde pero posteriormente a los hechos, a partir de 2011.
El resto de procesados son el entonces secretario del Ayuntamiento, César Saiz Alonso, por no abstenerse en la contratación de su hija por parte del Ayuntamiento; y los funcionarios que presuntamente cobraron un complemento personal transitorio, Pedro Luis Arroyuelos y Gregorio Alcedo.
Este caso es uno de los instruidos por el juez Luis Acayro Sánchez, entonces titular del Juzgado de instrucción n 2 de Castro Urdiales, y se inicia nueve años después de que cerrara la instrucción, a la que puso fin en junio del año 2015.
Los 14 imputados se sentarán en el banquillo por irregularidades en la contratación de personal funcionario y laboral en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, así como por el pago de retribuciones indebidas a funcionarios y personal laboral.
Según el escrito de la Fiscalía, el que fuera alcalde de Castro Urdiales entre los años 1991 y 2003, Rufino Díaz Helguera, "llevó a cabo una contratación con un criterio personalísimo y opaco allí donde el orden jurídico imponía el máximo de objetividad y transparencia".
Actuó "mediante una anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de legalidad, contratando a su libre albedrío al personal del Ayuntamiento, manteniendo una situación generalizada de interinidad, con ánimo de obtener beneficios personales y patrimoniales".
Así, colocó "en puestos esenciales y especialmente sensibles en la administración local a personal designado por él, sin ningún tipo de concurrencia, manteniéndolos o promocionándolos en su cargo pese a los numerosos informes de la intervención municipal, a los que intencionadamente hizo caso omiso".
Posteriormente, su sucesor en el cargo, en 2003, Fernando Muguruza, "mantuvo las contrataciones ilegales previas y realizó otras sin proceso selectivo alguno y sin concurrencia alguna, pese a los reiterados informes de intervención", y "extendió la contratación totalmente arbitraria a la residencia municipal y al servicio de extinción de incendios".
La Fiscalía insiste en que se contrató "sin concurrencia alguna y de manera fraudulenta" a personal para puestos reservados a funcionarios, como en la plaza de arquitecto municipal y de ingeniero municipal.
En otras ocasiones, añade, se colocó a funcionarios que no tenían la titulación adecuada en puestos de categoría superior, como es el caso de uno de los acusados en este procedimiento: uno que con titulación de auxiliar administrativo fue tesorero y luego encargado de personal y de elaborar de nóminas; y otro del grupo C que ejerció de interventor, tesorero y recaudador municipal.
El Ministerio Público señala que ambos se han beneficiado de percibir un complemento personal transitorio "sin motivo ni título legítimo alguno que lo justificase".
Además, sostiene que el primero, el encargado de elaborar las nóminas desde 1999, incluía en las mismas "conceptos retributivos no ajustados a la legislación vigente, a sabiendas de su ilegalidad y con la aquiescencia del señor alcalde". Y explica que presentaba las nóminas a Intervención "como un listado acumulativo de hojas y cifras, sin racionalidad en su distribución, sin resolución administrativa alguna de aprobación de las novedades retributivas incorporadas en la nómina y sin sustento en la legislación".
En definitiva, "en beneficio propio y correlativo perjuicio para las arcas públicas, se ha incluido en las nóminas de forma generalizada, tanto a los funcionarios como al resto de trabajadores, conceptos tales como bolsa de Navidad, Coso Blanco, gratificaciones por 25 años y el complemento de productividad de manera lineal y periódica", todo ello "a pesar de la multitud de informes y notas de reparo formuladas".
Por su parte, el segundo de los funcionarios acusados, ejerciendo como interventor entre 2004 y 2005, realizó "dejación voluntaria y manifiesta de sus funciones para perpetuar el lucro personal que le suponía la situación" cuando no elaboró el preceptivo informe para la aprobación de los presupuestos en 2004.
Asimismo, "no realizó reparo alguno de las nóminas durante el periodo en que ejerció como interventor, en beneficio propio, ya que llega incluso a cobrar dos veces por el mismo trabajo".
En este contexto, los concejales también procesados votaron a favor de la aprobación de los presupuestos municipales de 2008 y 2009, "levantando expresamente los reparos del interventor" en torno a las citadas partidas.
Así, según el fiscal, el Ayuntamiento de Castro Urdiales abonó de forma ilegal 120.000 euros en concepto de bolsa de Navidad entre 2002 y 2009; otros 110.000 euros por el Coso Blanco entre 2000 y 2010; y 1,9 millones de euros en concepto de productividad tanto al personal funcionario como laboral entre 2000 y 2010.
Finalmente, se acusa al que fuera secretario municipal por intervenir en la contratación de su hija por parte del Consistorio obviando su obligación legal de abstención.
