La muerte violenta de la catequista Silvia L.G. y la posterior detención de sus hijos adoptivos, de 13 y 15 años, han conmocionado a la sociedad, mientras los vecinos de Castro Urdiales siguen sin poder olvidar este crimen del que, de momento, hay más preguntas que respuestas según avanza la investigación.
El pasado miércoles, cerca de las 21:00 horas, la víctima, de 48 años, fue hallada en el suelo del asiento trasero de su coche, semidesnuda, amordazada y con bolsas de plástico cubriendo parcialmente el cuerpo. Presentaba varias heridas por arma blanca y la investigación apunta a que la causa de la muerte podría ser la puñalada en el cuello.
Los dos hijos de la víctimas estaban desaparecidos desde el hallazgo del cadáver, mientras el padre estaba trabajando en el momento de los hechos. En seguida, la Guardia Civil montó un dispositivo para encontrarlos y fueron detenidos en la madrugada del jueves, en torno a las 2:30, en el parque Cotolino de Castro Urdiales.
Lo que se sabe
Los menores llamaron a la abuela tras el suceso
La víctima recogió a sus hijos del colegio el miércoles y, según apunta la investigación, fue atacada por los menores en la cocina de la casa. El hijo mayor la habría apuñalado en el cuello con un objeto punzante.
Tras matar a su madre, los menores trasladaron el cuerpo al sótano y lo colocaron en la parte trasera de su coche. El vehículo estaba empotrado contra la pared, por lo que se cree que los menores intentaron ponerlo en marcha para escapar pero no sabían conducir.
Después, llamaron a su abuela fingiendo un secuestro y huyeron al parque Cotolino donde, horas después, fueron localizados. La abuela fue quien encontró el cadáver de su hija, sobre las 20:45, y avisó al instituto armado para denunciar esa situación
Internamiento de seis meses para el hijo mayor
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander decretó el jueves el internamiento en régimen cerrado durante seis meses del hijo mayor, tal y como había solicitado la Fiscalía de Menores de Cantabria.
El auto recoge que la magistrada adoptó esta decisión provisional, prorrogable por otros tres meses, por la "presunta comisión" por parte del menor investigado, de 15 años, de un delito de asesinato.
El menor ha sido internado en el Centro Socio-Educativo Juvenil de Parayas.
Su hermano de 13 años, inimputable al tener menos de catorce, ha ingresado en un centro de protección de menores, por indicación del fiscal.
La jurisdicción de menores se encuentra regulada por la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que en el año 2000 creó los Juzgados de Menores.
Lo que no se sabe
No constan denuncias previas contra ningún miembro de la familia
El Ministerio del Interior aseguró que no tiene constancia de la existencia de denuncias interpuestas por ningún miembro de la familia de Castro Urdiales.
Así lo explicó el ministro este viernes después de que varios medios publicaran que el hijo mayor le habría trasladado a un profesor de su instituto que su hermano y él sufrían malos tratos por parte de la madre. Tras conocer este hecho, el maestro no llamó a Servicios Sociales, sino que se lo comunicó a los padres.
En su declaración ante la Policía, el menor habría explicado que tanto la madre como el padre les maltrataban y la situación familiar se había vuelto insoportable. Además, compañeros del colegio habrían confirmado que el adolescente acudía a clase con moratones.
Buscan entre los cuchillos de la casa el arma del crimen
Los investigadores de la Guardia Civil están comprobando los cuchillos de la casa familiar, ya que creen que entre ellos está el arma del crimen.
Fuentes próximas a la investigación apuntan que el cuchillo con el que fue apuñalada la víctima pudo ser limpiada y guardada de nuevo entre la cubertería que tienen en su cocina .
¿Qué ocurrirá con los menores?
Después de la detención de los hermanos, surgen dudas sobre cuál es el papel de los servicios sociales y qué ocurre con los menores cuando se ven implicados en hechos delictivos.
En el caso del suceso de Castro Urdiales, uno de ellos es inimputable y el otro ha sido internado en régimen cerrado durante seis meses de forma cautelar, pero ambos quedaron a cargo del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass).
El Icass es la entidad pública de la que depende la protección y reforma de los menores en Cantabria, así como la encargada de ejecutar las sentencias y los autos que les afectan, ya que es la titular de los centros de cumplimiento de medidas judiciales.
"Cuando hablamos de menores, no son penas, se habla de medidas", subraya en una entrevista con EFE la subdirectora general de Infancia, Adolescencia y Familia del Icass, María del Carmen Arce de la Torre.
Arce explica que la labor del Icass, en el caso de menores con responsabilidad penal, es asumir su "reforma", mientras que en el caso de los inimputables el instituto trabaja en su "protección".
Menores con responsabilidad penal
Cuando las sentencias o autos de los jueces afectan a menores con responsabilidad penal, el Instituto se encarga de ejecutar las medidas, bien sean un internamiento, la convivencia en un grupo educativo, asistencia en un centro de día o prestaciones en beneficio de la comunidad, entre otros.
En todos los casos, se asume una medida que es "sancionadora educativa", lo que implica que el Icass debe trabajar con el menor con un programa individualizado aprobado por el juez, en el que se establecen unos objetivos.
Este programa recoge metas en el ámbito de la vida del menor, ya sea en el aspecto social, familiar, en su futuro laboral o en el ámbito educativo.
Y se trabajan los hechos delictivos en sí y la asunción de responsabilidad. "Que asuma conciencia de no volver a realizarlos cuando termine la medida y se responsabilice de los hechos cometidos", apunta la subdirectora.
Además, cuando se impone una medida de internamiento en régimen cerrado, incide Arce, los servicios sociales se tienen que asegurar de que los menores continúen con sus estudios y puedan seguir formándose, a pesar de que no pueden salir del centro.
Menores inimputables
Los menores de 14 años son inimputables con arreglo a la ley de responsabilidad penal de los menores, por lo que los servicios sociales, en caso de que los niños se vean implicados en un delito, entran a trabajar con ellos a instancias del Ministerio Fiscal, pero siempre en el ámbito de su protección.
