El funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas de Cantabria investigado por la trama de adjudicaciones irregulares de contratos ha apelado al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma para poder volver a su puesto de trabajo en esta Consejería, del que fue apartado por el Gobierno regional cuando se destaparon los hechos, por los que estuvo encarcelado algo más de seis meses.
Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el presunto cabecilla de la red ha recurrido ante el TSJC la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander que se opuso a que regresara a su empleo.
La magistrada titular de ese órgano judicial desestimó así hace un mes la demanda presentada por Miguel Ángel Díaz, el principal investigado en esta causa, abierta por presunta corrupción en las contrataciones de Obras Públicas, y que estuvo en prisión provisional desde que se conoció el caso, en febrero de 2023, y hasta el pasado mes de septiembre.
El supuesto jefe de la trama -en la que estarían involucradas también su mujer e hijas y responsables de cuatro empresas del sector en la región- fue suspendido de empleo y sueldo durante el tiempo que se extienda la tramitación del procedimiento penal y, tras salir de El Dueso, solicitó su reincorporación al trabajo.
"Podrá extenderse durante el procedimiento penal, siempre que ello se motive debidamente y resulte proporcionado"
Pero la jueza rechazó su petición contra la resolución de la Consejería basándose para ello en la reiterada doctrina del Tribunal Supremo que, al resolver casos similares, ha establecido que "la suspensión provisional de funciones será potestativa para la administración" y que la medida "no está sujeta a la limitación temporal de seis meses, ni vinculada a la duración de la prisión provisional".
Por ello, según estableció el alto tribunal en dos sentencias que han generado jurisprudencia, la suspensión provisional de funciones "podrá extenderse durante el procedimiento penal -seguido en este caso por el Juzgado número 5 de Santander-, siempre que ello se motive debidamente y resulte proporcionado".
Contra ese fallo, que consideraba la medida "debidamente motivada" y en la que se justificaba además la "proporcionalidad" de la misma, cabía recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que ha sido presentado por el funcionario y, por tanto, el alto tribunal cántabro deberá pronunciarse ahora sobre su vuelta a su puesto de trabajo en la Consejería.
